PARTE III. El
caso de Venezuela y la ciudad de Caracas.
Venezuela tiene
actualmente una población total estimada en 28.435.943 habitantes, y su
capital, el Área Metropolitana de Caracas, municipios Chacao, Baruta, El
Hatillo, Libertador y Sucre, reúne unos 3.360.221 de habitantes, con un
alrededor de 40% de población residenciada en zonas informales o barrios
autoproducidos de menores ingresos familiares en condiciones de sub
equipamiento urbano. El Área Metropolitana ampliada con su cinturón de
“ciudades satélite”: Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos y Valles del Tuy, reúne
aproximadamente un total de 5.534.693 habitantes según proyecciones del
Instituto Nacional de Estadísticas, basados en el Censo de Población del año
2011 y cálculos propios.
Según
investigaciones recientes, en Venezuela el incremento de gases de efecto
invernadero, tendrá como consecuencia el aumento entre 0,3°C y 3,5°C de la
temperatura ambiental media para mediados de siglo (2060), hasta alcanzar una
media anual de 32,5°C el año 2090, lo que representa un aumento de 5°C respecto
a la media actual, de 27,5 °C ante la falta de acciones correctivas. También
provocará menor precipitación, con algunas diferencias regionales importantes.
En el sur del país, el efecto de sequía sería más acentuado, mientras que en
los Andes y región centro–norte, áreas con mayor población urbana, los modelos
arrojan mayor incertidumbre, lo que requiere la planificación de estrategias
que determinen el riesgo atenúen estos efectos. DE LISIO (2011). En 2010 la
emisión mundial de gases contaminantes con efecto invernadero fue de 49,5 Gt de
CO2eq (IPCC 2014). En Venezuela la emisión total es de 243.380 Gg CO2eq, es
decir un 0,4916%. Sin embargo, la media per cápita local es de 7,14 Mg CO2eq,
superior a la global de 8,44 Mg de CO2eq por persona. Casi la mitad de la
emisión global del año 2010, fue debida al sector Energía Eléctrica y Calor
(especialmente emisiones fugitivas, filtraciones o pérdidas de gas natural o
gas asociado en sistemas de procesamiento de petróleo y gas natural, que
incluyen CO2 y CH4 o gas metano), y al sector Agricultura, Silvicultura y Otros
Usos de la Tierra (este incluye la deforestación y la degradación forestal, la
conversión neta de bosques, incendios de turbas y drenaje, aunque es de los
menos estudiados en detalle (TUBIELLO, 2014); (MINEC, 2017a). El sector
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra, que incluye la existencia
de bosques, pasó de ser un sumidero neto de CO2 con una absorción neta de
29.725 Gg CO2, a ser fuente de emisiones con un neto de 6.664 Gg de CO2eq en
2010. Para el monóxido de carbono (CO), el sector de Energía fue ligeramente
superado por los gases provenientes de la quema de biomasa durante incendios
forestales, quema de sabanas y quema de tierras agrícolas.
Entre las
consecuencias más importantes se prevé una disminución del rendimiento
agrícola, particularmente para la región conformada por los estados agro
productores de Portuguesa, Barinas y Apure al suroeste, especialmente para los
períodos 2046-2075 y 2076-2099; para la caña de azúcar la merma se estima hasta
en un 70,30%, para la caraota 55,30%, el maíz 49,10%, el arroz 31,1%, el banano
y el mango 45,70% y 53,8%, 40,50% para el girasol y un 44,30% para la palma
africana. El pasto y el sorgo para la alimentación animal, en el escenario más
pesimista del período 2076-2099, reducen sus rendimientos en 33% y 46,1%
respectivamente.
El incremento del
nivel y de la temperatura de la superficie del mar tendrá también un impacto
directo en las zonas costeras del país, con una población aproximada de
4.401.486 de habitantes y con 14 ciudades con más de 50.000 habitantes. El
incremento del nivel medio del mar, se proyecta, según modelos numéricos
globales, entre 50 centímetros y un metro de altura. Asociado a este
incremento, se espera erosión en las playas arenosas y disminución de la
diversidad biológica de los ecosistemas costeros, aumento en la intensidad y
frecuencia de eventos meteorológicos extremos, en el escenario de un incremento
del nivel del mar sea de 0,517 metros para el año 2090, con una estimación de
la pérdida de superficie de costa de 15.734 kilómetros cuadrados de los cuales
10.803 kilómetros cuadrados corresponden al estado Delta Amacuro, incluida su
capital Tucupita. Para terrenos bajos, cercanos a la costa, se prevén
anegamientos permanentes de tramos bajos con subsidencia de la orilla oriental
del lago de Maracaibo, Lagunillas, la Guajira venezolana, costas de Falcón,
Carabobo, Aragua, Vargas, Miranda, Anzoátegui y Sucre. Además, se prevé la
pérdida de humedales y comunidades de mangle, ecosistemas de arrecifes de coral
por la elevación de las temperaturas en la superficie del mar, e intrusión de
la cuña salina en acuíferos costaneros poco profundos, entre otros efectos.
También se estima cambios en la estacionalidad de enfermedades infecciosas
transmitidas por vectores, como la malaria en los estados Sucre (traslado a Araya)
y Bolívar, el dengue en el estado Mérida, la salmonelosis, se presentan como
focos significativos de la endemia donde se podría hablar de una traslación del
núcleo principal de la malaria, hacia los municipios Heres, Caroní y norte del
municipio Piar de este último estado y el dengue en el estado Mérida (MINEC,
2017a). La disminución general de la lluvia en los Llanos Occidentales, indica
que se pasaría de 1.700 mm anuales a unos 1.450 mm anuales de pluviosidad, con
efecto sobre la Cuenca del Río Caroní, de 95.000 kilómetros cuadrados, hasta la
desembocadura del río Orinoco, y con impacto en el embalse Guri y su central
hidroeléctrica, la mayor productora de energía del país (MINEC, 2017a).
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Mapa de zonas boscosas de Venezuela.
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Venezuela es considerada uno de los países “megadiversos” del mundo y cuenta
con 44 parques nacionales y 36 monumentos naturales de casi dos millones de
hectáreas que forman parte del Sistema de Áreas Bajo Régimen de Administración
Especial ABRAE. La superficie para la producción forestal es de 163.172,02
kilómetros cuadrados, distribuida en 15 Reservas Forestales (128.435,00
kilómetros cuadrados) y 43 Áreas Boscosas Bajo Protección (34.737,02 kilómetros
cuadrados). Las plantaciones forestales con fines comerciales han sido
desarrolladas principalmente por el sector público con una participación del
72,7%. Para el año 2013, la superficie forestal plantada alcanzó 557.000
hectáreas. Esto incluye el bosque de Uverito al oeste del país, con 600.000
hectáreas de pino caribe considerado desde los años 60 el bosque artificial más
grande del mundo. Más del 50% del país está cubierto en bosques naturales
tropicales biodiversos, de hasta bosques 40-50 metros o más de altura, aunque
esta cobertura se concentra de forma continua principalmente al sur del río
Orinoco, el tercero más caudaloso del mundo, formando parte de la gran selva
Amazónica. Los bosques albergan especies amenazadas como el jaguar y el oso
hormiguero gigante, los tepuyes o montañas peculiares que en el idioma indígena
pemón significa morada de los dioses, y la cascada más alta del mundo, el Salto
Ángel o Kerepakupai Vená, con 979 m de altura en Canaima.
Desde 2019 el
gobierno nacional, y la Food and Agriculture Organization of the United
Nations, (FAO), han firmado tres cartas compromiso para promover la producción
de 2.200.000 de árboles de reforestación, particularmente dentro del Proyecto
Forestal Imataca al sur del Orinoco, incluyendo un 30% de árboles frutales para
la subsistencia de comunidades indígenas Kariña residentes, a quienes se
concedieron 7.000 hectáreas de la esta reserva de biodiversidad (FAO, 2021b).
Otra política a destacar en relación con la conservación medioambiental en el
país es la denominada “Misión Árbol”. Desde el año 2006 fue concebida por el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, con el fin de
“recuperar los bosques del territorio nacional destruidos por el hombre […], la
protección y mantenimiento del equilibrio ecológico del ambiente […], a través
de la producción de plantas, material vegetal y el desarrollo de alternativas
socio productivas para la producción y el consumo”, y la “recolección de
semillas en lugares cercanos donde se van a plantar los árboles, cuido y
seguimiento del crecimiento”. También se ha propuesto el rescate de “especies
venezolanas en peligro de extinción, como el Nogal de Caracas, Samán, Ceiba, y
las de alimentos como pasapasa cebra y vaquita, frijol cuarentón, tapiramo”,
con una meta anual de 5 millones de árboles para 2019, así como “la
construcción de 12 sistemas de producción agroforestales, sostenibles, en los
cuales podrán realizar la producción de árboles a gran escala, de insumos para
la producción de otros sistemas más pequeños (antes viveros), resguardo de
semillas y centros integrales de formación agroecológica”, vinculando a ello “escuelas
(brigadas escolares), liceos, universidades, lugares que dispongan los consejos
comunales y las familias organizadas, las gobernaciones y alcaldías”, para
lograr producir 51 millones 593 mil plantas anuales en 2019, según lo declarado
por el nuevo Ministerio de Ecosocialismo (MINEC, 2016). No se trata de un
programa de arborización urbana, pero tiene aportes positivos en su propuesta.
No se obtuvieron datos sobre la ejecución de estas políticas.
El gobierno
nacional también ha desarrollado programas puntuales, con apoyo comunitario, de
reforestación de cuencas de algunos ríos del país, a partir del Plan Nacional
de Reforestación 2017, a cargo del Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo MINEC. Se han ejecutado acciones favorables, pero como puede
verse, bastante limitadas y dispersas en alcance y espacio, por ejemplo,
plantación de 1.320 árboles en la cuenca baja del río Carapo en Táchira en 2020
(MINEC, 2020), 32.000 árboles en la margen del río Pao, estado Cojedes en 2018
MINEC (2018), 1.000 árboles en Loma de la Mora, estado Mérida en 2017 (MINEC,
2017c), 935 plantas en el sector Trapiche, municipio Zamora del Estado Aragua
en 2017 (MINEC, 2017d).
Aunque las cifras
anteriores son plausibles, y en el país registró una disminución del ritmo de
deforestación de 288.000 hectáreas por año o tasa anual de deforestación de
0,57% durante el período 1990-2000, a 164.600 hectáreas por año, equivalente a
una tasa anual de 0,33% en 2010. (MARTINEZ, 2019); (MPPRE, 2019)., en cifras
absolutas se constata una disminución de las áreas boscosas cada año,
mayormente por cambio de uso de la tierra. Venezuela ocupa el quinto puesto en
el ranking mundial por el número de especies que alberga en su territorio,
detrás de Brasil (8.847 especies), Colombia (5.868 especies), Indonesia (5.716
especies) y Malasia (5.422 especies). Lamentablemente, al menos 13% de las
especies arbóreas, 614 especies de 4.812 árboles nativos estudiados, están
amenazados de extinción, según el Informe 2021 de la organización internacional
Botanic Gardens Conservation International y el Global Tree Assessment
(PROVITA, 2021). La ONG Provita, señala los árboles Asterogyne yaracuyense,
Blakea steyermarkii y Clerodendrum margaritense entre las 614 especies
venezolanas amenazadas (BGC, 2021). Las
importantes designaciones de territorio como Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial ABRAE y Parques Nacionales en Venezuela, no alcanzan a
frenar las prácticas de expansión indiscriminada de áreas agrícolas, tala y
minería, especialmente en la Amazonía. El uso el minero, muestra un aumento de
más del 20% de superficie entre el 2015 y 2020 en el país, (MARTIZ y Sánchez,
2018), pasando de 45.822,06 hectáreas a 55.092,87 hectáreas de ocupación,
concentradas en el Amazonas venezolano (MBA, 2021).
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| Devastación en el Arco Minero. Venezuela. |
La minería
descontrolada, se ha extendido desde el área designada como Arco Minero de
Guayana, al norte de los estados Bolívar y Amazonas y al sur del río Orinoco,
hasta los Parques Nacionales Canaima en la Gran Sabana, Caura, Serranía de La
Neblina y Yapacana en el Alto Orinoco, donde la explotación de oro, hierro,
bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito, minerales y piedras preciosas
arrasa con áreas vitales de la selva. (GONZÁLEZ et al., 2015); (MINEC, 2017a); (G.O., 2015).
La explotación
del Arco Minero es una política central del Estado venezolano desde 2015, con
base legal en la Ley de Minas del año 2001, Gaceta Oficial No. 37.155 del 9 de
marzo de 2001. El Plan, en el cual el ejecutivo nacional proyectó una
producción de unas 100 toneladas de oro al año para 2016, pone por ejemplo bajo
responsabilidad del Ejecutivo Nacional la certificación de reservas de oro en
minas, la evaluación técnica y la definición de los mecanismos para la venta
del oro al sector transformador. En febrero de 2016, Gaceta Oficial del 24 de
febrero del 2016 el Decreto No. 2.248, No. 40.855, el Gobierno nacional creó la
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional denominada más específicamente “Arco
Minero del Orinoco”, de 111.800 kilómetros cuadrados en la selva tropical, para
la explotación de minerales mediante empresas mixtas en asociación del Estado
con empresas venezolanas y extranjeras: Canadá, Turquía y otros países.
(SOSOrinoco, 2021). En esta porción de la Amazonía venezolana, las coberturas
que sufrieron pérdida neta de área (decrecimiento reportado) entre 2000 y 2020
fueron los bosques y la vegetación herbácea o de sabana que se redujo en
520.900 hectáreas, es decir un 7,6% en el período. Actualmente la minería se
desarrolla además artesanal e informalmente en su mayoría, por parte de unos
40.000 mineros dispersos. Del oro producido en los primeros meses del 2018,
unas de 10 toneladas ingresaron al Banco Central de Venezuela, lo que
representaría un 30% de la producción total, así como 2.000 quilates de
diamante, (PDVSA, 2016), y fuentes no oficiales coinciden en que entre 70% y
90% del oro que se explota es sacado del país en operaciones ilegales (TV,
2018). Se denuncian además disputas entre bandas armadas en el área, que
explotan los recursos con uso de mercurio sin control. Este va a dar al río
Orinoco hasta desembocar al océano Atlántico, comprometiendo las poblaciones de
peces y comunidades, y despojando de árboles y de la capa superficial del suelo
a los sitios de explotación, con consecuencias sociales nefastas sobre sobre
las etnias indígenas en la zona. Todo ha generado la declaración de las
extracciones en la Amazonía venezolana como “oro de sangre” en abril del año
2020 por parte de la Asamblea Nacional o Congreso de Diputados nacionales,
electa en el año 2015. (AN, 2020); (GFW, 2021); (PRODAVINCI, 2020).
La Reserva
Forestal Selva El Dorado o Imataca, y el Parque Nacional Canaima han sido
también muy afectados por la minería. La Reserva Imataca fue creada en 1961, y
abarca 3.821.958 hectáreas que forma un conjunto con el Macizo Guayanés en el
Amazonas venezolano. Esta Reserva contiene parte de la cuenca del río Cuyuni, y
es una de las formaciones geológicas más antiguas sobre el planeta, con 582
especies de aves registradas y al menos 6 especies animales consideradas en la
categoría de mayor riesgo de extinción, como el águila harpía, siendo también
asiento de diversas comunidades indígenas de las etnias Pemón, Kariña, Warao,
Arawak y Akawaio. (SOSOrinoco, 2020). Allí se encuentran reservas de 10.2
millones de onzas de oro y 1.4 mil millones de libras de cobre, y también ha
sido objeto de actividades de extracción especialmente a partir del Proyecto
Estatal Las Brisas – Las Cristinas en el Arco Minero del Orinoco en el Cuyuni
desde 2016. La contaminación con mercurio y cianuro del Cuyuní puede llegar a
ser tan alta que hay comunidades indígenas locales que no toman agua del río y
se ven obligados a abrir pozos para subsistir.
Adicionalmente,
en más de 1.000 hectáreas del Parque Nacional Canaima, también se explota oro
con consecuencias altamente negativas. Este parque fue declarado de Valor
Excepcional Universal por la United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization UNESCO de la Organización de Naciones Unidas en el año
1994, por su belleza escénica, reserva biológica, y como fuente de información
sobre la historia geológica del planeta y la evolución de especies. Desde 1962
se declaró Parque Nacional para proteger
las nacientes del margen derecho río Caroní, principal alimentador de las obras
de la represa del Guri, o Central Hidroeléctrica "Simón Bolívar", la
quinta represa más grande del mundo.
Allí se ha
comprobado la existencia de sitios de actividad minera mediante imágenes
satelitales, con un área de afectación estimada en al menos 501 hectáreas para
2018, sólo contando el terreno removido en tierra firme sin considerar el
impacto de las balsas mineras. Esto representa apenas un 0,018% de la
superficie del parque, pero la destrucción de los suelos y las comunidades
vegetales impactan porciones significativas del ecosistema, arrojando grandes
cantidades de sedimentos a los ríos y a la red de drenaje en general
(SOSOrinoco, 2018).
Según expertos,
el 5% de la superficie de los parques nacionales, representa 971.400 hectáreas
de tierra. Recuperar y reforestar estas tierras en 20 o 30 años generaría
resultados positivos desde el punto de vista climático, así como en la creación
de empleos (MARTÍNEZ, 2019). Bosques maderables para la construcción de viviendas y mobiliario, con fines de
explotación agrícola (café, cacao y frutas comestibles tropicales con
posibilidades de exportación), detendrían el proceso de desertificación
(montañas, bosques secos, bosques lluviosos, páramos, sabanas, etc.), los
bosques para la producción de biocombustibles energéticos y permitiría la
recuperación de áreas desforestadas por la explotación minera en Guayana y
Amazonas.
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Sector central comercial Sabana Grande. Caracas.
(H. Torres, 2020)
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Volviendo a la
escala urbana, en el caso específico de la ciudad capital de Caracas, la
situación de la arborización actual y el resguardo de sus zonas protectoras y
parques nacionales también es relativamente incierta, ya que faltan datos
cualitativos y cuantitativos consistentes y exhaustivos, y por el contrario,
persisten las denuncias sobre tala indiscriminada por parte de alcaldías
municipales y residentes insensibilizados respecto al tema, con la excepción de
algunos movimientos ecológicos de organizaciones vecinales muy puntuales, por
ejemplo el caso de la organización “Arboles para San Pedro”. Instituciones de gobierno local y
nacional, reportan talas y podas, no necesariamente profilácticas, como
programas permanentes, llevados a cabo sin criterios de conservación. En las
áreas arboladas de la ciudad, de acuerdo con el reciente conteo de la
organización “Ciudad Laboratorio” más de 300 árboles han
desaparecido en cuatro de los cinco municipios del Área Metropolitana, sólo en
2021, tanto por efecto de injustificadas talas programadas por parte de
instituciones, como la tala informal para el uso residencial de la madera como
combustible para cocinar, dada la crisis de suministro de gas y energía
eléctrica que se ha agravado en los últimos años en los hogares del país,
especialmente los de menores ingresos. A esto hay que agregar una débil cultura
de conservación del arbolado por parte de los ciudadanos, que llevan a cabo
también talas indiscriminadas por diferentes motivos infundados, sin consideración
al aporte ambiental de los ejemplares. Acciones aleatorias de la administración
pública, ignoran también criterios de arborización y sustentabilidad. Por
ejemplo, recientemente se han talado indiscriminadamente árboles en las obras
de ampliación de las autopistas de la ciudad, con el aval del Ministerio a
cargo de los temas ecológicos en el país, unas 700 caobas en total en 2015.
Ahora se siembran algunas palmas datileras a lo largo de las vías expresas,
especie exótica, colocada aparentemente por criterios decorativos, ignorando
criterios ecológicos. La organización Observatorio de Ecología Política de
Venezuela https://www.ecopoliticavenezuela.org/ denuncia talas y de podas
inadecuadas, promovidas por las alcaldías de los municipios Baruta, Chacao y El
Hatillo. Estas prácticas se han venido intensificando en los últimos meses
también en el municipio Libertador y el municipio Sucre (OEP, 2021). Otros
observadores e investigadores, aseguran que autoridades y vecinos arrasan
indiscriminadamente con los árboles de Caracas. El director de Sustentabilidad
de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB, cita el "Estudio de
Caracterización de los Espacios Públicos del Banco de Desarrollo de América
Latina", según el cual en 2018 “se había eliminado de Caracas 1.076 árboles en
100 vías”, y quedaban 7.066 de los 16.000 necesarios para alcanzar índices
mínimos internacionales en 2021 (YONEKURA, 2021).
Por otra parte, los
parques urbanos de Caracas y de su cinturón verde sufren amenazas de expansión
urbana y deforestación, y carecen del tratamiento adecuado para su
conservación. La expansión urbana horizontal se conjuga con la insuficiencia de
nuevos desarrollos urbanísticos y residenciales públicos o privados dentro o
fuera de la ciudad, asociada a la crisis política y económica del país, que ha
pasado de un PIB per cápita de 10.568 dólares en 2015 a 2.724 dólares en 2019,
en descenso, según reporte del SELA (2019), con una reducción acumulada del PIB real de
74%, en el período 2014-2020, y una pobreza de ingresos del 94,5% de la
población en 2021 (ENCOVI, 2021). Esto ha impulsado recientemente la ocupación
de bordes de parques urbanos tanto por residentes de altos como de bajos
ingresos de manera informal, es decir sin las previsiones urbanísticas
necesarias, pero sobre todo ocupando zonas protectoras y parques de la capital.
Este es el caso de la expansión sobre la zona protectora al sur del Municipio
El Hatillo, la invasión paulatina al noroeste en el Parque El Ávila o Waraira
Repano, y otros de menor escala, pero con consecuencias nefastas sobre corredores
ecológicos al interior de la ciudad (TORRES, 2020)
Otro motivo de
escasez de arbolado en la metrópoli, está asociado a la morfología urbana y la
evolución histórica de los patrones urbanísticos de desarrollo, más que a
acciones de omisión o de tala discriminada. Típicamente las ciudades
latinoamericanas como Caracas, fueron planificadas como ciudades de conquista
durante los siglos XVI y XVII, en torno a una retícula ortogonal con calles
estrechas, no arboladas, pero con patios de árboles frondosos al interior de
las casonas o solares de las cuadras residenciales.
Esos patios
arbolados han desaparecido con la modernización y las construcciones de nuevos
edificios de gran altura que ocupan la casi totalidad de las parcelas,
eliminando los antiguos patios arbolados, y dejando a las zonas históricas
especialmente desprovistas de vegetación, con excepción de las tradicionales
plazas centrales del mercado, ahora convertidas en plazas de recreación o
sitios históricos, en algunos casos arboladas. En las antiguas urbanizaciones
residenciales ajardinadas por influencia del modelo de Ciudad Jardín de E.
Howard desde principios del siglo XX, las cercanas a los núcleos y ejes
centrales de negocios también han perdido los árboles y arbustos de los retiros
y patios de las residencias unifamiliares, sustituidos por edificaciones
empleadoras de alta densidad de construcción. Los desarrollos residenciales de
vivienda de interés social construidos bajo la influencia del racionalismo
arquitectónico, contemplaron grandes espacios liberados como zonas
verdes, pero estos fueron paulatinamente ocupados por nuevos “superbloques” o por residencias de barrios informales que también afectaron la
existencia de vegetación, ya que estos últimos, por la misma razón de necesidad
y escasez de suelo, ocupan la casi totalidad de los terrenos con estructuras
construidas.
La legislación
local y nacional, y el contenido normativo de los planes urbanos, tienen consideraciones importantes para la
conservación ambiental, pero estas son sin embargo insuficientes y casi
inexistentes en relación con el arbolado y los bosques urbanos, sobre todo en
el ámbito de los gobiernos municipales. Hoy en día, la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística (1987), obliga la inclusión de la “delimitación de
espacios libres y áreas verdes destinadas a parques y jardines públicos, a
zonas recreacionales y de expansión (Art. 34) en los Planes de Ordenación
Urbanística (POU) de escala urbana y competencia del gobierno nacional, y a la
“La determinación de los aspectos ambientales, tales como la definición del
sistema de zonas verdes y espacios libres de protección y conservación
ambiental y la definición de los parámetros de calidad ambiental (Art. 24) en
los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL) a cargo de las municipalidades y en la escala urbana e intra metropolitana. La misma ley indica que “las zonas de
parques y recreación no podrán ser destinadas a ningún otro uso” y que en todo
caso “las áreas verdes de protección podrán servir para la prestación de
determinados servicios o vías conforme lo establezca el Reglamento” (Art. 69),
dando cabida a usos distintos a los forestales en el caso de estas zonas de
vocación ambiental. También permite la celebración de “convenios con las
Asociaciones de Vecinos para que éstas asuman la realización de actividades
tales como el acondicionamiento y conservación de parques públicos y zonas
verdes” (Art.108), fomentando así cierto grado de participación voluntaria en
el tema. Sin embargo, no hay consideraciones orientadas específicamente al tema
de la arborización urbana y otras alternativas relacionadas con los requisitos
ambientalistas y las ventajas de este tipo de políticas.
Las Ordenanzas
Municipales, escasamente tocan el tema del arbolado con criterios de
sostenibilidad ambiental y protección, y se concentran en normas sobre
procedimientos de plantación, trasplante, poda y tala simplistas, como es el
caso del Municipio Libertador, Caracas (Gaceta Municipal del Distrito Federal
del jueves 24 de noviembre de 1994, N° Extra 1490-A-1). La Gaceta atribuye
estas tareas a propietarios de terrenos privados y a la alcaldía en terrenos
públicos. Da indicaciones técnicas sobre estrategias de poda, trasplante y
tala, justificados por estudios técnicos. Prohíbe la tala de árboles
históricos, árboles en áreas de protección, árboles en vías de extinción, o
cuando se trate de árboles sanos especialmente de más de 8 metros de altura,
que no representen peligro para las comunidades, bajo penalidad de sanciones
administrativas. Otras Ordenanzas
municipales sobre el tema amplían la regulación del tratamiento de árboles
urbanos recomendando especies según los espacios públicos que ocupan y
estableciendo programas de educación ambiental, y sanciones pecuniarias por la
violación de normas de poda, tala o trasplante (CMMI, 2002), pero en ningún caso se asocian a planes
generales sobre el tema ambiental ni establecen índices de dotación. Tampoco en
la mayoría de las Ordenanzas revisadas a nivel internacional que se orientan a
los temas de diseño urbano y protección de espacios públicos, estética y
protección ante acciones de tala o daño a especies existentes, incluso
combinadas con normas de manejo y respeto a especies animales en la ciudad,
domésticos o en libertad (MS,2013). En Chile, actualmente se discute el
Proyecto de “Ley de Arbolado Urbano” y la propuesta de Ordenanza Municipal de
Infraestructura Verde que durante el año 2020 fue solicitada por más de 60
Municipalidades de ocho regiones. El proyecto incorpora la definición del árbol
como “infraestructura verde” de la ciudad, y la elaboración de una Ordenanza
que se adaptaría a cada municipalidad. Sugiere, para estimular la biodiversidad
de especies, “no plantar más del 10% de árboles de una misma especie; no más
del 20% del mismo género; y no más del 30% de la misma familia. Asimismo, la
ordenanza aconseja que más del 50% de los árboles a plantar sean de especies
nativas y con hoja persistente”, y exige a los Proyectos de Áreas Verdes para
la ciudad, considerar la plantación de árboles en razón de 1 ejemplar por cada
100 m2 de área verde total (RCH, 2021).
Las Normas de
Equipamiento Urbano de Venezuela, vigentes a escala nacional (MINDUR, 1985),
establecen la obligatoriedad de dotas de terrenos para equipamientos urbanos, a
todo nuevo desarrollo, y son también utilizadas como referencia para la
planificación de la ciudad construida (TORRES, 2017). Establecen como
equipamientos de Ámbito General (para toda la ciudad), las “sedes de viveros”
correspondientes a los equipamientos de Administración Pública. También indica
como equipamientos obligatorios, los parques vecinales, campos de juego de 1-5
años, campos de recreación de 6 a 10 años, y de 11 a 15 años de edad, espacios
para el deporte de entrenamiento en la escala vecinal, así como parques
comunales y espacios para el deporte de competencia, parque urbano, jardín
botánico, jardín zoológico en la escala metropolitana. Estos espacios
representan oportunidades para la implementación de políticas de arborización y
aumento de la masa vegetal urbana. La norma obliga a una dotación de 10,45
metros cuadrados de este tipo de equipamientos por habitante. Sin embargo, no
incluye el tema específico de la arborización.
Otros
instrumentos locales de planificación urbana como las Ordenanzas o leyes
municipales de control del desarrollo urbano y el uso del suelo, excluyen
completamente el tema, aunque algunas mantienen como actividades permitidas las
correspondientes a “viveros y floristerías” en el ámbito primario e intermedio,
más como actividades lucrativas que ambientales, o por políticas específicas de
arborización.
El Plan
Estratégico Caracas Metropolitana 2020 (PECM2020), elaborado por la Alcaldía
Metropolitana de Caracas entre 2008 y 2012, incluye propuestas de protección
ambiental y renovación urbana que representan oportunidades para la
implementación de estrategias asociadas a la arborización y aumento de la
vegetación, y lamentablemente no han podido ser implementadas ante la
eliminación por decreto constituyente,
arbitrario e inconstitucional, de la Alcaldía Metropolitana en 2017, y
las limitaciones de los gobiernos municipales de la ciudad para adoptar las
propuestas de escala metropolitana de este plan. Esto incluye objetivos de
conservación de áreas verdes y aumento de su superficie “incluyendo bosques
urbanos públicos y privados”, así como su conectividad, la mitigación de
incendios forestales mediante programas ad hoc, la conservación de especies
amenazadas y la protección de la biodiversidad con centros especializados de
protección. También propone la actualización
de la reglamentación de Parques nacionales y Zonas Protectoras, la arborización
de calles y avenidas, el establecimiento de jardines verticales, corredores y
techos verdes y la participación de los distintos actores y ciudadanos.
Asimismo propone un programa de reforestación de las cuencas altas de los ríos
de la Eco – Región Metropolitana, la cual abarca las cuencas de los Ríos
Guárico, Tuy, San Pedro y Guaire como principales canales hidrográficos en una
extensión o escala regional, supra metropolitana, y expone la necesidad de
reactivar el programa de recuperación o Saneamiento del Río Guaire, programa
iniciado con alguna infraestructura desde los años 40, activado para su
culminación en la primera década del siglo XXI, pero actualmente paralizado y
sin culminar. Señala igualmente la necesidad de mejorar elementos de drenaje
superficial en la ciudad para el correcto manejo de la escorrentía por aguas de
lluvia que incluye el incremento de la cobertura vegetal para mejorar la
infiltración profunda y evitar la erosión por cauces superficiales, o las
limitaciones de accesibilidad peatonal y vehicular por esta causa.
El documento
síntesis indica que la ciudad cuenta con dos parques nacionales y cuatro zonas
protectoras con una ocupación de más de 30 mil hectáreas de las 77 mil que
conforma el área total de la ciudad en sus límites metropolitanos, conformada
por los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Libertador y Sucre. La
vegetación local es de bosque húmedo o nublado en laderas de montañas y bosque
seco (jabillos, indios desnudos, guatacaros, ceibas, mijaos, samanes y otros
grandes árboles, refugios de especies invertebradas, aves y mamíferos como el
oso hormiguero, venados y acures en las zonas menos intervenidas. Como señala el Plan, aunque se encuentra
irrigado por numerosas quebradas afluentes del río Guaire, río al centro del
valle, todos estos cursos de agua se encuentran con alto grado de contaminación
e intervención. Los parques nacionales
en la ciudad, tienen protección ambiental a cargo de las autoridades
nacionales, sin embargo su ocupación paulatina por la expansión urbana, también
amenaza su integridad con el desarrollo urbano, tanto por de asentamientos semi formales de medianos y
altos ingresos, como informales de bajos ingresos, especialmente en parques al
interior de la ciudad, así como en la zona protectora o cinturón verde que la
circunda (TORRES, 2020) que cumple fundamentalmente funciones de protección
ambiental y limita del crecimiento de la ciudad (LLANOS y Almandoz, 2008).
En cuanto a los
parques de escala intra urbana, metropolitanos y vecinales, el índice de
dotación del Área Metropolitana de Caracas es de apenas 1 metro cuadrado por
habitante aproximadamente, bastante por debajo de las recomendaciones
internacionales y la dotación de muchas capitales y ciudades del planeta. El
Plan propone un sistema metropolitano de espacios públicos con el fin de
habilitarlos o recuperarlos como áreas recreativas, que para el año 2020
debería permitir un índice de dotación de 6 metros cuadrados de espacios verdes
por habitante, y que incluiría entre otros,
el Parque Universal de La Paz, los Parques Vicente Emilio Sojo, Ruiz
Pineda, Zoológico de Caricuao en el Municipio Libertador, los parques Galindo,
La Aguada, Macaracuay, Concepción y Caiza en el Municipio Sucre, y el Parque
Raúl Villanueva en el Municipio El Hatillo para un total de 3 mil Has, de las
cuales cono unas 44 se encontrarían acondicionadas. Esto incrementaría en 1.500
hectáreas la dotación de este tipo de equipamientos y constituiría una notable
oportunidad de consolidar bosques urbanos para la ciudad. El Plan Estratégico
Caracas Metropolitana 2020, además plantea la creación de un nuevo tramo de
zona protectora al sur de la metrópoli, en el sector Fuerte Tiuna, de hasta 115
hectáreas, así como espacios recreativos
en la zona recientemente densificada con residencia multifamiliar de estos
terrenos militares. Propone también la recuperación de la laguna negra del
sector La Bonita al sureste con unas 100 hectáreas como espacio de
contemplación. Otro proyecto que propone estudiar es la transformación de unas
52 hectáreas de campos de golf en los municipios Chacao y Libertador, e incluso
en el municipio Baruta con unas 32 hectáreas, campos de propiedad privada que
hace décadas formaban parte de sus suburbios, pero que ahora se encuentran en
ejes centrales y zonas residenciales con vocación multifamiliar de la
metrópoli, pudiendo ser adaptados como zonas de esparcimiento para la
colectividad.
La creación de
ejes metropolitanos para grandes recorridos peatonales como bulevares
combinados con centros comunitarios, con una longitud total de unos 74
kilómetros es otra propuesta que puede ser una gran oportunidad para la
arborización. Esto incluye ejes peatonales conectando distintos parques,
plazas, vialidades y edificaciones públicas, bien a través de nuevos bulevares
y ampliaciones de avenidas, o sobre las ya existentes que cruzarían la ciudad
en diferentes direcciones, conectando sectores hoy casi infranqueables
peatonalmente desde un extremo al otro, en zonas residenciales tanto como
empleadoras, incluyendo los acceso al Parque Nacional Waraira Repano, en el
borde norte de la ciudad, y la comunicación entre el acceso a grandes zonas de
residencias informales y el resto de la metrópoli. Los grandes ejes peatonales
propuestos como conectores de espacios públicos, parques existentes y futuros
equipamientos CRECE en barrios, comprenden los orientados entre el este y el
oeste de la ciudad (Bulevar de Catia al oeste hasta Parque Galindo en La Urbina
al noreste, Parque El Calvario en el Casco central hasta el Portal Petare al
este, Parque Ruiz Pineda al suroeste hasta el Jardín Botánico en zona central,
Paseo Caricuao al sur, Complejo Poliedro al Suroeste hasta los Campos de golf
de Valle Arriba al sureste, Plaza los Estadios al centro hasta Petare Sur al
este, Parque Manzanares hasta Cuevas del Indio en el Sureste), y los ejes norte
– sur (barrios de Catia – La Vega, Foro Libertador en el casco Central hasta el
Parque Ruiz Pineda en La Vega, Sector popular de San José al norte del casco
central y campos de golf de Valle Arriba en el sureste, Campos de Golf del
Country Club al norte y campos de golf de Valle Arriba en el sureste, Parque
Waraira Repano al norte hasta Parque La Guairita al sureste y Paseo Los
Próceres al sur, Parque Galindo al norte y Petare Sur). El futuro Parque La
Carlota no fue incluido expresamente en estos recorridos, pero el proyecto
correspondiente incluye la integración norte – sur entre zonas adyacentes.
 |
| Proyecto Parque La Carlota. Caracas (OPUS, 2019) |
La
creación del Parque La Carlota, incluida como propuesta en el Plan, contempla
la transformación de 117 hectáreas de terreno en un área arbolada para la
recreación y la minimización de riesgos hidrológicos presentes en la zona, por
la confluencia de cursos de agua que también deben ser saneados, entre ellos el
río Guaire. Actualmente el área alberga un aeropuerto militar, instalaciones
complementarias y depósitos de maquinarias de construcción propiedad del Estado (OPUS, 2019).
El proyecto del
parque se propone modificar la topografía para propiciar “planos de inundación
y regulación del cauce, áreas de estabilización, fito-remediación del agua y
humedales de laminación de aguas de escorrentía, que contribuyan a una gestión
integral del riesgo hidrológico existente”. Aspira a lograr la siembra de una
vegetación densa que sirva como nicho de biodiversidad, en especial de aves
autóctonas como tordas, pericos, loros, canarios, lechuzas, guacharacas,
colibríes, querrequerres, gonzalitos, golondrinas, atrapamoscas y gallitos azules,
entre otros. Se apoyaría asimismo en la creación de un vivero, bosques de
corredor y de galería con árboles de gran altura, vegetación baja y de
jardines. También incluye la introducción de fauna local, por ejemplo,
cachicamos, lagartijos, monos aulladores, ardillas y rabipelados.
Otras propuestas
del Plan Metropolitano Caracas 2020 incluyen la Renovación Urbana de
importantes sectores dinámicos de la ciudad. Estas estrategias suelen generar
nuevas Ordenanzas de Zonificación, que deberían incorporar el criterio de
arborización y otras estrategias de conservación ambiental urbana, y que
podrían ser modelo de innovación para otras experiencias en el diseño de
instrumentos de regulación urbana.
A pesar de los
ambiciosos y necesarios objetivos del Plan Caracas 2020 en materia de dotación
de áreas verdes, así como de la propuesta de centros comunitarios o
“equipamientos integrales CRECE (Cultura, Recreación, Educación, Crecimiento y
Emprendimiento)” para los barrios informales, este Plan no incluye propuestas
específicas relacionadas con programas de arborización al interior de estos sectores residenciales que acogen a
más del 40% de la población residente, y que padecen la casi total inexistencia
de parques o jardines en su interior como ya se comentó, siendo así los más
desprovistos en la ciudad, aunque algunos colinden con parques nacionales y
zonas protectoras, sin tener necesariamente acceso útil a estas áreas o a su
protección. Caracas 2020 se apoya en el Plan de Habilitación Física de Barrios
(BALDO y Villanueva, 2010), elaborado para los asentamientos informales de las
metrópolis venezolanas desde los años 90, y puesto en marcha en el año 2000,
fue lamentablemente paralizado dos años después. Ese plan contempla la creación
de parques de escala vecinal dentro del proceso de dotación de infraestructura,
equipamientos y vialidad a estos desarrollos, como un proyecto nacional
articulado, pero no incluye planes específicos enmarcados en el concepto de
arborización y sostenibilidad. La oportunidad se presenta entonces en el diseño
paisajístico de los espacios de equipamiento propuestos en el plan, una vez
pueda ser actualizado, para que conformen ejes y sistemas de protección
ambiental arborizados.
Actualmente, la
política nacional para la atención de los barrios informales es, desde 2011, la
denominada Misión Barrio nuevo, Barrio tricolor, a cargo del Ministerio de
Obras Públicas. Según las publicaciones en redes sociales y prensa, la
ejecución del plan actualmente realiza trabajos de refacción menor de viviendas
en zonas populares escogidas, o por solicitud de las comunidades, limitadas a
pequeñas unidades vecinales. Asimismo, proclama la entrega certificados de
“saberes” y consigna títulos de tierra. Esto se corresponde con los objetivos o
“vértices” políticos publicitados recientemente: organización popular para la
construcción de ciudades comunales, planificación y ampliación territorial en
comunas para mejorar y aumentar la atención social, certificación de saberes y
el lanzamiento del manual del constructor obrero, logística de recursos a
través del encadenamiento productivo comunal, capacidades del obrero
constructor y del Estado venezolano, profundización la política de
regularización y tenencia de la tierra en los barrios, inserción laboral con la
conformación de las cuadrillas obreras para la atención integral a las comunas,
política comunicacional de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (MINCI,
2021).
En la práctica,
este programa también realiza jornadas de suministro de agua mediante camiones
cisterna a comunidades seleccionadas ante las constantes fallas de suministro
por medio de acueductos de los últimos años, atiende la refacción de escuelas
públicas seleccionadas, y realiza trabajos menores de apoyo en caso de
emergencias por eventos climatológicos localizados. No luce como una política
espacial e institucionalmente articulada a nivel nacional para la atención
generalizada de los asentamientos informales, o de su incorporación a la
estructura urbana y no resalta objetivos ambientales concretos.
Otra Misión
gubernamental, denominada Misión Venezuela Bella, a cargo de la Vicepresidencia
de la República con aproximadamente dos años de creación, se dedica a
“rehabilitar y embellecer las edificaciones y espacios del país”, centrándose
en prácticas de refacción menor y tareas de desinfección de espacios públicos,
en relación con el COVID-19, sin detallar otros objetivos relacionados con
arborización o sostenibilidad ambiental (VPR, 2021). Por otra parte la Misión
Árbol ya citada, a cargo del Ministerio del Ambiente, ha incluido
recientemente programas ocasionales de
“Expedición Pedagógica Árboles”, con el fin de dar a conocer la historia de los
árboles emblemáticos de la ciudad, la primera expedición, realizada en Caracas
en el año 2018, así como la plantación ocasional y limitada de especies
arbóreas frutales y ornamentales en espacios públicos o en parques existentes,
inauguración de “cafeterías árbol” para la venta de plántulas en la ciudad, con
una inaugurada en Caracas en 2016,y la rehabilitación de viveros pre
existentes. (MINEC, 2021). También ha propuesto en 2021 la siembra de “un árbol
por calle” a nivel nacional desde junio de 2021, pero sus resultados no han
sido aún ofrecidos a los medios o fuentes de información disponibles ni se evidencian
en la observación cotidiana de la ciudad.
En las
comunidades informales, más allá del Plan de Habilitación de Barrios paralizado
y otras iniciativas del gobierno nacional ya citadas, algunas experiencias
locales aisladas arrojan resultados positivos en cuanto a la posibilidad de
crear y mejorar los escasos espacios públicos locales, aunque
desafortunadamente en una escala absolutamente reducida, insuficiente y
desarticulada de planes integrales de habilitación urbanística. Por ejemplo, la
Alcaldía del Municipio Sucre en Caracas y la Fundación Espacio (FE y AMS, 2012)
publicaron los resultados de experiencias de diseño y construcción de
propuestas, para barrios del Municipio Sucre en Caracas tales como pequeñas
plazas y parques infantiles de bolsillo. No hay un objetivo específico de
arborización en los proyectos y obras ejecutadas, sin embargo, hay una
plausible alusión a las bondades y el significado de árboles incorporados a la
vida cotidiana de estas comunidades, bien como sitios de reunión por la sobre
ofrecida por grandes follajes, como
sitio de juego de niños, y como fuente de frutales “Intervenir y curar el
paisaje urbano de los asentamientos informales trae orden y belleza a estos
espacios, inclusive mejora condiciones ambientales en cuanto a la acumulación
de basura, y garantiza la existencia de una dimensión pública en la comunidad.
Un suelo bien pavimentado, un banco firme donde sentarse bajo la sombra de un
frondoso árbol y la alegría de mirar a niños jugando en un espacio protegido,
son justamente las experiencias que llenan vidas de dignidad” (SILVA,
2012;12). “Un fondo ajardinado, una
hilera de arbustos o árboles, una envolvente, incluso una paleta de
colores…todos estos son elementos que, como suerte de símbolos, hacen
reconocibles al espacio público”. (BELANDRIA, 2012; 55). El testimonio de una
residente del Barrio Unión de Petare recuenta: “Por aquí cerca estaba la planta
eléctrica de Caracas, la fábrica de Papeles Maracay y la Hacienda El Encantado;
era divertido porque salíamos del colegio y, a escondidas, íbamos y comíamos
mango verde de los árboles. Era bellísimo, un sitio de esparcimiento como si
fuera El Ávila. Pero en su comunidad no había un espacio público de calidad,
donde la gente pudiese divertirse sin tener que bajar a Caracas” (PATY, 2012;
116).
Si bien estas
manifestaciones tienen una fundamentación basada predominantemente en criterios
estéticos de diseño espacial urbano y arquitectónico, y carecen quizás de la
profundidad del análisis de significado socio antropológico del espacio y el
arbolado, el simple reconocimiento del árbol como elemento de diseño es muy
importante. 
En nuestra propia
experiencia de apoyo a comunidades de barrios informales de Caracas desde la
academia, durante casi una década pudimos desarrollar pequeños anteproyectos de
espacios públicos por ejemplo al barrio La Ladera, Parroquia La Vega de
Caracas, con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Central de Venezuela bajo nuestra guiatura. Una de las demandas más
importantes de la comunidad fue conservar los pocos árboles de gran follaje
existentes, por su sombra o por su significado histórico para la comunidad,
dándoles sentido de pertenencia e identidad. Estos árboles incluso dieron
nombre o nomenclatura (toponimia) a algunos de los espacios proyectados y por recuperar.
También se hicieron propuestas de reciclaje de desechos sólidos y compostaje a
petición de los vecinos, proyectos que por el momento han quedado como tales y
no como obras realizadas lamentablemente, y que si bien son un aporte positivo
puntual y fueron enmarcados dentro del Plan de Habilitación Física de Barrios
(CONAVI, 1999), no corresponden a una política generalizada sobre arborización
y sostenibilidad ambiental (TORRES, 2016).
El Plan
Estratégico Caracas Metropolitana 2020 (AMC, 2012) no presenta iniciativas
asociadas a la previsión de viveros o a la agricultura urbana. En Caracas, existen dos experiencias
destacables en cuanto a la conservación de la vegetación, la previsión de
viveros y/o agricultura urbana. En primer lugar, el Jardín Botánico “Tobías
Laser” de Caracas, de la Universidad Central de Venezuela, forma parte de la
Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad (UCV, 2020). Posee
una extensión de 70 hectáreas y cuenta con más de 2.500 especies que
corresponden a unas 200 familias botánicas, de las cuales el 50 % son de
Venezuela, proviniendo el resto de Centroamérica, África, la India y otras
regiones de Asia y Suramérica. De sus 70 hectáreas, 55 hectáreas se han
reforestado y se han dedicado como bosque autóctono preservado, y fue creado
con la Ciudad Universitaria a mediados del siglo XX, para preservar las
especies vegetales en peligro, proteger del ruido y la contaminación de vías
urbanas adyacentes, y realizar las actividades de prácticas de campo de los
estudiantes de la Cátedra de Botánica. Actualmente se encuentra en grave crisis
por precariedad presupuestaria de parte de la administración pública y
vandalismo, como todo el campus (DEL CASTILLO, 2018), así como amenazas de
ocupación ilegal por parte de pobladores, hasta ahora contenidas. Gracias a la
dedicación de académicos, estudiantes y benevolentes, continúa manteniendo sus
funciones principales con limitaciones, y constituye un pulmón verde para la
ciudad. También contiene desde 1958 el Herbario Nacional de Venezuela, fundado
por el sabio naturalista suizo Henri Pittier, a comienzos del siglo XX, que
custodia y preserva la mayor colección de muestras botánicas del país. Es la
principal referencia de la flora de Venezuela, teniendo también un gran número
de muestras de otros países. Actualmente el Herbario Nacional custodia
aproximadamente 400.000 especímenes de todos los grupos vegetales. (GIACOPINI, 2020); (RODRÍGUEZ y Hokche
(2006).
Muy cerca del
Jardín Botánico, se encuentra el Vivero Simón Bolívar. En un área de 2.500
metros cuadrados entre el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño y el Parque
Los Caobos de la capital, que produce actualmente cerca de 3.500 plantas
mensuales, entre ornamentales, medicinales, frutales, y forestales, destinadas
principalmente a alimentar la red de viveros del Proyecto de Desarrollo y
Consolidación de la Agricultura Urbana y Periurbana en la Gran Caracas según la
Fundación CIARA Cooperativa agraria, adscrita al Ministerio de Agricultura
Urbana que lo coordina. Esta informa que
se producen allí plantas medicinales y aromáticas: orégano, menta, hierbabuena,
malojillo, albahaca blanca y morada, toronjil, pasote, sábila, uña de gato, té
rojo, té verde, hinojo, tomillo, mejorana, romero y estevia. De las plantas
ornamentales destacan: espadilla, garbancillo, navidad, capa roja, petunia,
florecita, bellas las once, alfombra, clavellina, té de jardín, croto, y
vetiver. En el caso de árboles reportan la reproducción de: araguaney, apamate,
caoba y jarillo, y frutales como aguacate, mandarina, naranja y mango. A la
fecha, el citado proyecto dice contar en la región central con viveros en las
parroquias: La Vega, Caricuao, La Candelaria, Santa Rosalía, 23 de Enero,
Catedral, El Paraíso, La Pastora, Antímano, El Valle, Coche, Sucre y El Junquito,
en el Distrito Capital; y en los municipios Baruta, Sucre, Simón Bolívar,
Cristóbal Rojas y Plaza, del estado Bolivariano de Miranda, los cuales no
pudieron ser verificados. El proyecto cuenta en la región central con viveros
en las parroquias: La Vega, Caricuao, La Candelaria, Santa Rosalía, 23 de
Enero, Catedral, El Paraíso, La Pastora, Antímano, El Valle, Coche, Sucre y El
Junquito, en el Distrito Capital; y en los municipios Baruta, Sucre, Simón
Bolívar, Cristóbal Rojas y Plaza, del estado Bolivariano de Miranda para 2009.
Actualmente apoya proyectos de siembra comunitaria a nivel nacional, orientando
sus recursos a la agricultura urbana y periurbana para la producción de frutas,
verduras y hortalizas de subsistencia (ALBAN et al., 2017), con impacto
limitado en cuanto a logros, aunque con grandes metas de cobertura nacional y
programas de reimpulso declarados para 2021. Este programa de agricultura
urbana vigente, producción de compost y comercialización, fue formulado en
conjunto con la FAO en 2005, y asumido por CIARA en 2008. Tiene sobre todo
naturaleza de asistencia social (MPPP, 2020). Sus metas de producción prometen
29.712 Kilogramos de semillas de hortalizas en 18.394 Hectáreas bajo la
modalidad de conuco, patios productivos, huertos, y 400 Hectáreas de cultivos
protegidos bajo la modalidad de casas de cultivo, metas no cumplidas por el
momento.
En el año 2011,
la Gran Misión AgroVenezuela del gobierno nacional, incluyó entre sus líneas
estratégicas el “fomento de la agricultura urbana como un nuevo esquema de
producción masiva de alimentos en las ciudades” En 2014, el programa impulsó
invernaderos, casas de cultivo y viveros. Por su parte, la alcaldía del
municipio Libertador de la capital caraqueña, creó el plan municipal Plan
Siembra Caracas con metodologías participativas, para los sectores populares,
que también incluyó la cría de animales de corral. En el año 2015, se creó el
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana que aglutina los
objetivos de la Fundación Ciara, y los gobiernos locales, e impulsa la
generación de “patios productivos” en las comunidades, al igual que el rescate
y la conservación de la agrodiversidad, y la generación de abonos orgánicos. Se
ha reportado que presenta problemas de implementación, como la falta de
dotación de agua para el riego, y la presencia de suelos poco saludables en los
espacios urbanos. Más allá de la información atomizada en artículos de prensa
acerca del reinicio cada año de estos planes, no se obtuvieron datos certeros
de producción y sostenibilidad de los proyectos.
Conclusiones
No hay duda de
las ventajas y de la necesidad de la arborización. No basta con la arborización
urbana, sino que se debe incluir la escala territorial y planetaria en las
previsiones de planificación urbana y ambiental, y es indispensable procurar la
arborización de las ciudades, asiento de la mayor cantidad de habitantes del
planeta. Hay numerosas iniciativas en favor de la arborización del planeta, que
sin embargo no tienen los efectos necesarios con la rapidez que la urgencia del
cambio climático exige. Por el contrario, siguen predominando tendencias de
deforestación y contaminación en regiones tan importantes como la Amazonía, en
lo cual Venezuela está particularmente implicada, donde también existe una ausencia
de políticas de arborización y protección efectiva de los árboles de la ciudad,
sin comprender su importancia tanto desde el punto de vista de ambiental como
otros que se han destacado en este informe. Sin embargo, existen propósitos,
espacios y oportunidades para superar esta situación.
A continuación,
se resumen las recomendaciones para Venezuela y sus ciudades, particularmente
Caracas, a partir las indagaciones realizadas:
Recomendaciones
generales y de escala nacional: grandes bosques:
1. Contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por la Organización de
Naciones Unidas, para limitar el aumento de la temperatura ambiental en no más
de 1,5°C a través de distintas estrategias, entre ellas la protección de bosques
y árboles a escala continental, regional y urbana, para mitigar y detener los
efectos del cambio climático.
2. Detener la destrucción y la ocupación
por otros usos, de grandes porciones de parques nacionales, particularmente de
la Amazonía al sur del país, llevada a cabo por actividades mineras
indiscriminadas, específicamente en el llamado Arco Minero.
3. Controlar las actividades de ganadería
y agrícolas de expansión sobre zonas boscosas protegidas.
4. Formular el Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático previsto en la Ley de Gestión Integral de Riesgos
Socionaturales y Tecnológicos (LGIRST), incorporando el tema de la arborización
de ciudades y territorios, con base en la legislación orgánica vigente y el
texto Constitucional.
5. Incorporar al país en programas
internacionales de apoyo a la protección de bosques, para el financiamiento de
programas de reconocimiento y monitoreo de la capa vegetal, asumiendo
compromisos de protección y reforestación.
6. Incorporar las ciudades a los programas
internacionales de reconocimiento y financiación de proyectos de arborización y
protección de bosques a través de sus gobiernos locales.
7. Incorporar en los instrumentos legales
de planificación urbana y regional, así como en la norma nacional de dotación
de equipamientos urbanos, objetivos medio ambientales e índices de dotación que
favorezcan la arborización, así como patrones de crecimiento y expansión
urbana, favoreciendo la ciudad compacta, de usos mixtos, multinuclear y de
fácil acceso a la población respecto a espacios verdes arborizados, y previendo
efectos esperados como el aumento de los niveles del mar en las zonas costeras.
8. Atender particularmente las
consecuencias del cambio climático inevitables, de acuerdo al comportamiento de
las temperaturas ambientales globales en aumento, especialmente en las zonas
costeras, de la producción agrícola y pesquera, procurando la transformación
sostenible que incluya políticas de protección a bosques y ecosistemas
costeros.
9. Propiciar un proyecto de Gran Muro
Verde Urbano, en los sistemas de ciudades del país, como inspiración para
proceder a su arborización, a la protección de bosques urbanos y a su
ampliación, conjuntamente con políticas de protección de cuencas hidrográficas
y cursos de agua de escala regional.
10. Valorizar los efectos positivos de la
arborización, tanto de tipo ecológico como los de carácter sanitario,
alimentario, cultural, educativo, económico, empleador, social y psicológico,
en el marco de metas para su incremento, su conservación y explotación
sostenible.
11. Incorporar la preservación de bosques en
objetivos de desarrollo agrícola por su aporte a la biodiversidad de especies
polinizadoras, combate de la desertificación, a la inundación y a la erosión
del suelo, mitigando el cambio climático en favor de la producción de alimentos
producidos de manera sostenible.
12. Valorizar en las políticas sanitarias la
protección de la cobertura vegetal de árboles y bosques no intervenidos, como
fuentes de productos medicinales a la vez que hábitat para la contención de
especies potencialmente transmisoras de enfermedades, en el caso de la
intervención humana.
13. Realizar estudios para el seguimiento y
combate de plagas y enfermedades de bosques y arbolados, a través de
instituciones científicas.
14. Atender la formación científica en el
área de la biología para el personal administrativo de todos los niveles a
cargo de programas relacionados con la arborización, así como a las comunidades
y otros sectores involucrados.
15. Recolectar datos para el registro,
clasificación, protección y control de cada ejemplar utilizando tanto técnicas
satelitales y tecnologías avanzadas de libre acceso a los gobiernos locales,
instituciones protectoras y a las comunidades, incorporando otros instrumentos
tecnológicos novedosos como drones con el necesaria formación y participación
de personal especializado.
16. Propiciar la participación del sector
privado, las comunidades e instituciones en la conservación de bosques y
arbolado.
17. Desarrollar campañas generales de
concientización a nivel escolar y del público en general.
Recomendaciones
específicas y en la escala de la ciudad: arborización urbana.
1. Incorporar el estudio de la
arborización urbana a los Planes de Ordenación Urbanística POU y Planes Locales
de Desarrollo Urbano PDUL, Ordenanzas Municipales, especialmente las Ordenanzas
Ambientales y las de Zonificación Urbana, en proyectos de diseño y renovación
urbana, en planes de habilitación de barrios informales con índices adecuados,
y superando la escueta normativa sobre acciones de tala y poda predominante en
las Ordenanzas Municipales, o la ausencia de consideraciones adecuadas en el
resto de la legislación urbanística, con aplicación a todas las ciudades del
país.
2. Incorporar los criterios ambientales,
beneficiando la arborización, en planes de crecimiento urbano compacto del Área
Metropolitana ampliada y del sistema de ciudades de la región capital.
3. En el caso de la ciudad capital
Caracas, desarrollar las propuestas del Plan Estratégico Caracas Metropolitana
2020, ampliándolas para su complementación con Normas Nacionales de
Equipamiento Urbano y Ordenanzas Municipales
de protección del arbolado, con exigencia de índices de dotación en el
desarrollo urbanístico, y políticas específicas de arborización en terrenos de
edificaciones públicas, sistemas de movilidad peatonal y parques propuestos,
especialmente la construcción del Parque La Carlota, y la disposición de nuevos
parques urbanos previstos en el Plan, la protección de los parques nacionales y
zonas protectoras, habilitación e integración de barrios informales verdes,
jardines verticales y techos verdes, para obtener a mediano plazo una dotación
posible de al menos 6 metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
4. Culminar el proyecto de saneamiento del
río Guaire y de sus afluentes en Caracas, y asegurar restauración de las
cuencas de los ríos de la región metropolitana.
5. Implementar un Plan de Habilitación
urbanística para las zonas informales, con criterios de sostenibilidad
ambiental que doten a estos sectores residenciales de zonas verdes y arbolado
adecuado y sostenible.
6. Formular políticas de vivienda urbana
efectivas, que contengan la expansión urbana indiscriminada sobre parques
nacionales, Áreas Protectoras (Cinturón Verde) y otros parques de la ciudad.
7. Implementar programas que permitan
alcanzar índices de arborización urbana cercanos a 1 árbol por cada 3 habitantes,
cerca de 10 metros cuadrados de área verde por residente en las ciudades, un
árbol cada 100 metros cuadrados de espacio público abierto, incluyendo la
infraestructura peatonal, parques y jardines públicos y privados.
8. Cuidar la implementación de programas
de arborización urbana manteniendo normas de sembrado, distanciamiento,
irrigación, localización, especies autóctonas y complementarias, protección de
especies animales, biodiversidad y ecosistemas asociados, protección
patrimonial e histórica en la siembra de los árboles urbanos.
9. Incorporar la arborización como unidad
de diseño urbano y paisajístico con criterios medioambientales complementarios
e indispensables, junto con criterios estéticos o de diseño espacial.
10. Proteger físicamente los ejemplares
urbanos, a través de elementos tales como enrejados o parales de protección
contra posibles golpes o acciones vandálicas, e impedir la tala indiscriminada
de árboles por parte de instituciones, vecinos e individuos, favoreciendo la
formación y educación ambiental de trabajadores y comunidades.
11. Llevar bases de datos urbanas con las
características de la arborización para su cuido y control.
12. Estudiar la distribución equitativa de
espacios verdes y arborización en todos los espacios de la ciudad, poniendo
especial atención en los espacios más deficitarios como cascos históricos
tradicionales y muy especialmente los asentamientos de barrios autoproducidos
con alta ocupación del suelo y ausencia casi total de arbolado y espacios
verdes.
13. Dar especial atención a los árboles de
bosques de galería en los sistemas hidrográficos de las ciudades, y en los
sistemas de manglares en zonas costeras urbanas.
14. Aumentar las áreas con suelo permeable en
la ciudad, acompañadas por arborización y vegetación para favorecer la
absorción de escorrentía y minimizar efectos de inundación y deslizamientos de
terreno.
15. Conservar la capa de mantillo (hojas
muertas) en la superficie del suelo en zonas arboladas y con vegetación, para
favorecer el almacenamiento de agua, y la protección del suelo de efectos de
erosión que perjudican su calidad.
16. Propiciar la vegetación ribereña en ríos,
quebradas y afluentes.
17. Manejar las opciones de “cuencas de bio
retención”, jardines de lluvia y bioswales en el diseño de espacios abiertos en
la ciudad, como infraestructura de apoyo.
18. yo a la canalización del drenaje
superficial, la absorción de materias contaminantes que arrastra la
escorrentía, y como oportunidades de arborización, biodiversidad y paisajismo
urbano.
19. Promover la siembra de árboles en
espacios de recreación como parques, plazas, y en espacios de estudio como
escuelas y universidades, en núcleos de negocios y en zonas residenciales,
promoviendo así sus efectos ambientales positivos, tanto como educativos, terapéuticos,
psicológicos y cognitivos, de aislamiento del ruido.
20. Propiciar la siembra de árboles a lo
largo de vías expresas y avenidas para aprovechar igualmente su efecto de
reducción de velocidades por parte de los conductores, gracias a su efecto
visual, paisajístico y psicológico.
21. Organizar programas participativos mixtos
(comunidad, empresa privada, gobiernos locales y gobierno nacional) en la
implementación de planes y obras de siembra y mantenimiento de la arborización
urbana.
22. Incorporar el concepto del árbol como
valor patrimonial cultural en las políticas del área y en los programas de
tratamiento del espacio urbano.
23. Propiciar y normar la incorporación de
vegetación en techos y fachadas de edificaciones, en las normas de arquitectura
y construcción nacionales y locales.
24. Privilegiar la siembra los árboles de
larga vida, bajo mantenimiento, especies endémicas, y de copa frondosa,
incorporando el estudio científico de la dotación y protección de especies
según las particularidades locales y las condiciones de entorno para los
árboles que pudiesen afectarlos negativamente: lugares con alta contaminación
automotora, iluminación directa o excesiva en horas nocturnas, falta de acceso
a fuentes de agua.
25. Propiciar el protagonismo de los
gobiernos locales, municipales, en la formulación y gestión de planes de
arborización de la ciudad y espacios adyacentes, así como de bosques en
sistemas de ciudades.
26. Proteger y propiciar instituciones de
resguardo de especies vegetales como viveros, en particular el Jardín Botánico
de la UCV, así como las actividades de investigación académica y científica en
el tema.
27. Desarrollar sostenidamente los programas
de agricultura urbana, a fin de que contribuyan con la sostenibilidad ambiental
de la ciudad, además de otros objetivos sociales, integrándolos a las políticas
de los gobiernos municipales.
28. Crear programas sostenibles de apoyo a
las instituciones de investigación científica, herbarios y viveros,
distribuidos convenientemente en la ciudad, con el fin de garantizar el estudio
y la reproducción de los árboles y otras especies vegetales, tales como el
Jardín Botánico de la UCV y el Vivero Simón Bolívar en el Parque Los Caobos en
la capital.
Finalmente,
lograr la valoración del arbolado como seres vivos y como parte esencial del
planeta y de nuestra existencia.
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