| Las Dos Rosas. La Ladera, UPF Gran San Miguel. Parroquia La Vega, Caracas. HT/2008. |
Reflexiones acerca del urbanismo como disciplina y los temas urbanos con atención especial al caso de Caracas. Coordinación: Urbanista (USB) Hilda Torres Mier y Terán. Profesora-Investigadora, Dpto. de Estudios Urbanos. Escuela de Arquitectura Carlos Raúl VIllanueva (EACRV). Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Central de Venezuela (UCV). Ex Coordinadora del Dpto. Estudios Urbanos (EACRV), y del Doctorado en Urbanismo, Instituto de Urbanismo (UCV). MgSc. y Dra. en Urbanismo (UCV).
| Las Dos Rosas. La Ladera, UPF Gran San Miguel. Parroquia La Vega, Caracas. HT/2008. |
Venezuela tiene una de las mayores tasas de urbanización del
continente, un patrón de concentración espacial urbana predominante de la población, en un sistema de metrópolis y ciudades consolidadas, un nivel de infraestructura
importante y recuperable, aún a pesar de su situación de deterioro actual, y
una organización institucional local, que no obstante de la crisis que sufre
por mengua de recursos y políticas recientes de concentración central
del poder, ahora agravado por la tragedia sísimica del estado La Guaira, constituyen todas ciudades con enormes oportunidades de desarrollo para la
reconstrucción económica, la reconstitución urbana y la proyección de nuestras
ciudades como fuentes de crecimiento, empleo y bienestar.
La concentración urbana metropolitana así como
ciudades intermedias incluye el Área Metropolitana de Caracas (AMC) y el
Litoral Vargas como unidad urbana principal, las ciudades de los Valles del
Tuy y de la conurbación Guarenas – Guatire así como el sector de Altos
Mirandinos, y las metrópolis de Valencia-Maracay-Puerto Cabello-La
Victoria entre las de mayor magnitud poblacional y significancia
económica y material, con tendencia a conformar una gran megalópolis integrada
al AMC y otras regiones metropolitanas y ciudades intermedias. Se estima para
el año 2050 una población aproximada de 10 millones y medio de habitantes para
la conurbación de metrópolis al norte del país. Estas estadísticas deben ser
actualizadas, puesto que la migración de venezolanos hacia el exterior hace
mella en nuestras ciudades, probablemente de manera diferenciada. En cada caso
o aglomeración, existen condiciones de localización estratégica,
infraestructura, instituciones de gobierno local, y capital humano, que
deben constituir la base de una estrategia de competitividad y de
reconstitución urbana con calidad de vida y equidad. La Guaira, julio de 2026. Fuente: El Estímulo.
La conurbación megapolitana del norte del país, goza de ventajas
comparativas de localización estratégica y de concentración de recursos y
capital humano, que la convierte en motor de crecimiento del resto del sistema
de ciudades y metrópolis del país, así como de ciudades y poblados menores en
un sistema jerárquico e interdependiente. En este sistema, incluso el crecimiento
proyectado para metrópolis de segundo rango como Maracaibo – Santa Rita,
Barquisimeto – Cabudare, San Cristóbal – La Fría - Cúcuta (sistema binacional),
Acarigua – Araure, Barcelona – Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar – Ciudad Guayana,
donde también se concentra infraestructura para el desarrollo, se prevé incluso
mayor que el de la metrópoli caraqueña, desde el punto de vista poblacional, a
partir de mediados del presente siglo, cuando la capital verá disminuir progresivamente
su población por efectos demográficos.
Ahora bien, el país ha sufrido una crisis
económica, social y humanitaria, con una brutal caída acumulada del
PIB nacional en los últimos años, especialmente entre 2014 y 2020, con asomos
de recuperación solo de los últimos 6 años, estimada en un 4% para 2026segun
datos de Fondo Monetario Internacional (WORLDMETER, 2026) . Esto ha
traído como consecuencia una situación de catástrofe humanitaria y migraciones
forzadas de al menos 7,9 millones de personas, migración sin precedentes en
América y una de las mayores en el mundo (ACNUR, 2026). A ello se agregan
índices hiperinflacionarios sostenidos, y la disminución de los ingresos
públicos a raíz de una drástica reducción en la producción petrolera, principal
producto de exportación. La falta de mantenimiento en la
infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como
resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, el deterioro de
servicios básicos como el transporte público y el acceso a agua potable,
telecomunicaciones, energía eléctrica y gas. A lo anterior debe sumarse
una tasa de informalidad residencial acumulada cercana al 40% de la
población metropolitana, según las estimaciones más conservadoras, y una crisis
de seguridad ciudadana.
En la última década, también puede señalarse negativamente
la reversión del proceso de descentralización iniciado en la
década de 1980, reversión fundamentada en una visión centralista anti urbana
acentuada de parte del gobierno central, trastocando adelantos concretos en
cuanto a la transferencia de competencias y de recursos locales
y de democratización de procesos políticos, y llegando incluso
a desmantelar arbitrariamente instancias de gobierno local, como el nivel
parroquial y la Alcaldía Metropolitana de Caracas, instituciones con rango
constitucional, debilitando asimismo las asignaciones presupuestarias y
competencias de Alcaldías y Gobernaciones en favor de otras organizaciones comunitarias
sin basamento democrático como Comunas y Consejos Comunales, en buena medida bajo tutelaje del gobierno
central.
Asimismo, la inseguridad jurídica e institucional,
especialmente en relación con el derecho a la propiedad consagrado
constitucionalmente, se ha visto incrementada por diferentes leyes y
ejecutorias trasgresoras de la norma, así como por el discurso oficial que ha desestimulado
las posibles operaciones de inversión privada nacional o internacional, y
mantiene en vilo la propiedad privada industrial, comercial, de servicios y
residencial.
El deterioro crítico en la situación institucional y
económica general del país, y el descalabro agravado en servicios,
equipamientos, infraestructura urbana e informalidad acumulada en nuestras
ciudades, constituyen así limitaciones de inmensa magnitud para el logro del
derecho a una ciudad equitativa y sostenible, más aún para el logro
de metas más complejas pero igualmente indispensables como las de una ciudad
verde, inteligente, competitiva, resiliente, hermosa y pujante.
Esta situación se ve lamentablemente agravada en 2026 por la tragedia del doble sismo del día 24 de junio, que ha afectado a decenas de miles de familias y ha ocasionado miles de personas fallecidas por las consecuencias de acciones cuestionables en la construcción de la ciudad resultante de un desastre previo de carácter climático en el Estado de La Guaira, como principal zona afectada entre otras zonas puntalmente de la Gran Caracas y el resto del país.
Ante esta situación de calamidad: ¿cómo reconstituir
nuestras ciudades a partir de su indiscutible potencial, y lograr una calidad
de vida básica indispensable, apuntando al logro de objetivos de desarrollo, a
pesar del deterioro? ¿Cómo obtener provecho de una red urbana
consolidada y estratégicamente posicionada a nivel geográfico continental, con
la infraestructura recuperable y el capital humano disponible en ella?
La reconstitución de las ciudades venezolanas debe centrarse
en la recuperación a través del equipamiento y la infraestructura urbana
fundamentales para un nivel de vida adecuado, en favor de la principal riqueza de la ciudad como es su
capital humano, la generación de empleo, de innovaciones y del desarrollo
tecnológico. Esto implica la puesta en valor de la planificación urbana, la
planificación económica regional y y del sistema de ciudades, la optimización y
el fortalecimiento del desempeño
económico financiero de los gobiernos metropolitanos y locales.
EL LUGAR DE LA PLANIFICACIÓN URBANA Y EL GOBIERNO LOCAL.
El sistema de Planes Urbanos en Venezuela, es uno de
naturaleza jerárquica, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística (1987). Esta ley especifica dos niveles de
planificación. Una dirigida por el organismo ministerial competente a cargo del
gobierno nacional, el cual formula Planes de Ordenación Urbanística POU para
las ciudades y áreas metropolitanas. Estos planes destacan la delimitación de
la poligonal urbana de cada ciudad, la asignación de densidades residenciales
generales o brutas sobre el área total incluida en la poligonal, grandes
lineamientos de localización de actividades económicas e infraestructuras de
red y vialidad. Los POU, responden a su vez a los Planes Estadales y Nacional
de Ordenación del Territorio PNOT, establecidos en la Ley correspondiente (Ley
Orgánica de Ordenación del Territorio, 1998), que definen el sistema urbano, la
jerarquía de ciudades y su localización en el territorio nacional, además de
otras zonas de interés ambiental y de seguridad nacional. Los PNOT son
desarrollados también por el gobierno nacional y responden al plan superior o
Plan de la Nación, plan que desarrolla los grandes lineamientos de desarrollo
sectorial, que el PNOT concreta espacialmente, así como el POU.
En la cadena jerarquía, continúan los PDUL o Planes de
Desarrollo Urbano Local, elaborados por las Alcaldías (gobierno local) para
sus ámbitos urbanos o ciudades. Aquí se especifican usos del suelo por sectores
y parcelas, densidades netas y obras de infraestructura a y equipamiento urbano
a nivel de detalle. Su aplicación se concreta por medio de Ordenanzas de
Zonificación que detallan las variables urbanas de desarrollo para
edificaciones y terrenos tales como densidades puntuales, espacios abiertos,
zonas de equipamientos, alturas, retiros y otras cercanas a la escala
constructiva. Se apoya igualmente en las normas de construcción vigentes a
nivel nacional y las exigencias de estudios de capacidad del suelo que aportan
los planes de mayor jerarquía o el propio plan local. La legislación prevé
además otros planes especiales, para zonas específicas dentro de las
poligonales urbanas, por ejemplo zonas sujetas a renovación urbana, o zonas
de desarrollos informales o barrios, con los cuales se tiene una deuda
histórica de integración física, social, constructiva, vial, y de
infraestructura y equipamientos, de los cuales carecen o poseen en grado de sub
dotación respecto al reto de la ciudad, que los propios habitantes se han
proveído con su esfuerzo y ahorros propios, sin la ayuda del Estado técnica,
económica o social, a pesar de la importancia de la población residente como
fuerza de trabajo y ciudadanos con derechos.
Puede hablarse de ventajas en relación con la existencia de
Planes Locales de Desarrollo Urbano (PDUL) elaborados para casi todas la
ciudades del país, así como Planes de Ordenación Urbanística (POU) de mayor
escala o ámbito espacial, con excepción de la ciudad de Caracas, que
cuenta no obstante con el Plan Caracas Metropolitana 2020, elaborado en
2011 por la Alcaldía Metropolitana, con lineamientos estratégicos de dotación
de equipamientos e infraestructura básica, protección ambiental y
emprendimiento entre otros aspectos generales. Se cuenta igualmente con un Plan
Nacional de Ordenación Territorial vigente (PNOT, 1998) que definió en su
momento actividades líderes por ciudad. Sin embargo, este Plan se encuentra
amenazado en su aplicación, por la elaboración paralela de planes fallidos como
el de desarrollo del Eje Orinoco – Apure, o el Eje Norte – Llanero, totalmente
negados a la realidad urbanística, histórica, económica y geográfica ambiental
del país, cuya aplicación solo ha desviado recursos y atención sin resultados
posibles.
Debe incluirse también como ventaja para el país, la
reflexión acumulada acerca de la habilitación física de barrios,
concretada en el Plan del mismo nombre para las principales metrópolis del país,
elaborado a partir de la gestión Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)
alrededor del año 2000 y posteriormente paralizado, cuyos contenidos deben ser actualizados
e integrados formalmente a todos los planes urbanos del país, sin desviar
recursos hacia “políticas de maquillaje” o simplemente desatención, como ha
venido sucediendo en los últimos años.
Ahora bien, los planes urbanos existentes deben
actualizarse, adoptando el estudio del potencial económico de la ciudad,
de las actividades generadoras de riqueza, para definir estrategias de
inversión y planificación, con base en la teoría disponible para la modelación
económica y espacial. Los planes urbanos y territoriales deben ser actualizados
bajo criterios de promoción del desarrollo y del crecimiento urbano compacto y
sostenible, ratificando el reconocimiento del sistema integrado y jerarquizado
de metrópolis. Asimismo consideramos que debe procurarse la creación de
una unidad de análisis en las instituciones de gobierno y académicas para la
creación de data sobre crecimiento metropolitano (PIB), como fuente de
información para la planificación económica urbana y la planificación
urbanística.
Es también necesario plantearse estrategias de atracción de
capitales foráneos y la reinversión de capitales nacionales en industrias y
servicios clave, así como potenciar las fuentes de recursos
tradicionales. Para la atracción de capitales privados foráneos, son
necesarias las investigaciones que permitan visualizar experiencias exitosas de
inversión y desarrollo urbano, atrayendo estos capitales a partir del
estudio del potencial económico, de los recursos naturales y humanos de
nuestras ciudades, y contando con la asociación con el sector privado
local y con la creación y apoyo a centros de investigación y
asociaciones público-privadas encargadas e investigar y fomentar estas
estrategias. Pero sobre todo, se requiere estabilidad económica general,
seguridad jurídica y legitimidad democrática de las instituciones, que son el
respaldo indispensable para la recuperación.
En relación con los ingresos propios municipales,
se tienen ventajas en la experiencia de administración municipal acumulada a
raíz de los procesos de descentralización desde los años 80, en la
disponibilidad de instrumentos de recolección de ingresos propios locales, en
las mejoras recientes en los mecanismos administrativos de cobro de impuestos
como el de Inmuebles Urbanos (IIU), y en el cobro de plusvalía urbana (caso del
Municipio Baruta en Caracas). Sin embargo, debe procurarse la
modernización de los mecanismos de auditoría financiera municipal en función de
la formulación conjunta de objetivos económicos y de desarrollo o planificación
urbana. Debe revisarse la legislación disponible para propiciar la
implementación de mecanismos novedosos, distintos a transferencias, tasas e
impuestos propios tradicionales, cuya puesta en práctica está también
íntimamente ligada al análisis económico y espacial urbano, y a los planes
urbanísticos. Igualmente deben llevarse a cabo acciones para optimizar
el uso de los instrumentos de ingresos locales vigentes e implementar otros
novedosos, especialmente los ingresos asociados al desarrollo de proyectos
inmobiliarios. Es necesario revisar las bases y el diseño de otros impuestos
como los derivados de instrumentos tributarios sobre el suelo, y mantener al
día estudios inmobiliarios ad hoc y reglamentaciones (TORRES,
2013).
Debe asimismo lograrse la integración del trabajo de
planificación económica, de planificación urbana y de planificación
económico-financiera local en cada municipio o en cada metrópoli de
municipios integrados, todo dentro de un marco de seguridad jurídica, de
mecanismos de descentralización, de restitución de los niveles de gobierno
local urbano y metropolitano, de participación ciudadana y de cooperación
subsidiaria del gobierno central.
Dada la situación crítica actual, lograr objetivos
de reconstitución urbana como los que aquí hemos sugerido, debe ser
una meta inmediata de nuestras instituciones, sin embargo, la elaboración de
instrumentos y la implementación de acciones, deben incorporar criterios que
permitan desde ahora superar este nivel básico de reconstitución, y que
posibiliten visualizar simultáneamente una imagen objetivo de mediano y
largo plazo, que integre nuestros centros urbanos a metas de crecimiento
económico, tecnológico y de competitividad, con robustas bases ontológicas,
teóricas y empíricas.
EL CASO DEL ESTADO LA GUAIRA. DOBLE SISMO DEL DÍA DE SAN
JUAN, 2026.
El día 24 de junio de 2026, día de San Juan, tuvieron lugar
dos sismos separados por pocos segundos entre sí, de 7,2 y 7,5 grados en la
escala sismológica Mw respectivamente. Este evento excepcional por su
intensidad y por su duplicidad casi simultánea, dejó huellas de devastación
gravísimas, que sin embargo pudieron ser eludidas o evitadas si se hubiesen
cumplido todas las previsiones efectivamente vigentes antes del desarrollo de
la mayoría de las edificaciones residenciales y otras devastadas.
| La Guaira, julio 2026. Fuente EURONEWS.COM |
Adicionalmente los estudios de microzonificación sísmica,
exigida en la Norma sismorresistente COVENIN del año 2019 , realizados para buena parte de la metrópolis
caraqueña, no fueron realizados, más allá de la zonificación general de plan
realizado por la Autoridad Única de Vargas luego del deslave
catastrófico sufrido en 1999, cuyas obras hidráulicas de protección de cursos
de agua que arrastraron toneladas de material desde la montaña, nunca fueron
culminadas en su totalidad o tampoco realizadas con las especificaciones
constructivas recomendadas. . Esta zonificación general fue considerada en la
elaboración del POU realizado luego, y las zonas de riesgo fueron zonificadas como
zonas especiales con fuertes limitaciones edificatorias (Urbanista Ariana
Tarhan, 2026).
La responsabilidad de las municipalidades es la de inspeccionar
y otorgar la habitabilidad a las edificaciones construidas en sus
territorios. La de las empresas constructoras, la de cumplir con las normas
exigidas por ley y el uso de materiales de probada calidad y resistencia para
los proyectos en ejecución, procedimientos que probablemente fallaron o
estuvieron ausentes, bien por omisión, por limitaciones técnicas de las
oficinas de Ingeniería Municipal, tales como la falta de personal especializado
y recursos, o el impedimento a las inspecciones y aprobaciones impuesto por
autoridades del gobierno nacional en el caso de las obras llevadas a cabo sin
atención a la autoridad y normas locales.
Según el parte oficial de fecha 22 de julio de 2026, la
cantidad de personas fallecidas asciende a la fecha a 5.398, con 16.740
heridos, 23.335 personas en campamentos, 17.907 damnificados, 856 edificios
afectados y 190 edificios colapsados (Agencia Venezolana de Noticias
AVN. 2026).
Según
otras investigaciones preliminares, en el desarrollo de viviendas de interés
social de la Misión Vivienda, desarrolladas directamente por el gobierno
nacional, de 43 torres denominadas OPPPE, con alrededor de 27.000
residentes, 16 se desplomaron completamente con el trágico resultado de miles
de fallecimientos por el colapso. Mientras tanto, otras 27 se mantienen en pie
con graves daños estructurales (Armando . Info, 2026).
Se
han habilitado más de 79 campamentos temporales en estadios , parques y
centros deportivos así como otros levantados informalmente por la propia
población afectada. Un tercio de las escuelas de la capital Caracas han sufrido
daños en sus instalaciones, dificultando el regreso a clases en septiembre, y
según UNICEF, unas 650.0000 personas necesitaran asistencia humanitaria, entre
ellas 234.000 menores de edad (NN.UU.,
2026). El Grupo Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares
los recursos necesarios para la reconstrucción de zonas afectadas por el doble
sismo de San Juan en todo el país (BM, 2026)
LA GUAIRA Y SU PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.
La situación de atraso o falta de actualización de los planes
urbanos de diferentes escalas en las ciudades venezolanas en las últimas
dos décadas con contadas excepciones, se hace ahora una necesidad urgente y por
demás delicada para el caso de la Guaira.
La investigación sobre nuevas condiciones o normas constructivas,
dado el aprendizaje que debe darse a partir del sismo de San Juan, y el estudio
de microzonificación sísmica, son condiciones previas y necesarias para
la formulación de objetivos de desarrollo urbanístico, social y económico de la
entidad.
La elaboración de un POU, un PDUL, Ordenanzas de densidad
y usos del suelo, y otros planes y actuaciones especiales de reconstrucción
de los sectores más afectados, también debe ir acompañada del fortalecimiento
de la capacidad financiera, técnica y autoridad institucional del gobierno
local y de las oficinas de planificación e ingeniería municipales.
Propuesta de acciones de ordenamiento urbano (elaboración propia)
La localización de viviendas temporales resulta un
tema urgente y que debe ser atendido con visión de evento transitorio, que de
lugar al desarrollo de viviendas definitivas que permitan mantener el arraigo
de la población local, tomando en cuenta la cantidad de damnificados víctimas
del evento sísmico. Estas acciones deben ser coordinadas así, con la visión
futura de recomposición urbanística residencial y económica de los
sectores citadinos del estado, así como de sus principales fuentes de empleo y
recursos, como el aeropuerto y puerto internacionales, con su indudable
carácter estratégico y ventajas comparativas a nivel nacional y continental,
atractores de intercambio e inversiones internacionales.
Debe atenderse con prioridad y con seriedad la ejecución de obras
hidráulicas en previsión de nuevos fenómenos meteorológicos de lluvias
extraordinarias y deslaves como el del año 1999.
Debe también extenderse la mirada planificadora y la
ejecución de los planes hacia las zonas de vivienda informal o barrios,
los cuales, a pesar de no haber sufrido la catástrofe sísmica más que en mínimo
grado, son zonas igualmente vulnerables antes otros eventos de la misma
naturaleza, con comportamiento distinto, según su intensidad y la particular
forma de propagación de ondas, en combinación con los tipos de suelo y las
tipologías edificatorias en muchos casos precaria en estas zonas.
Los planes urbanos, deberán plantear el desarrollo armónico
de infraestructura de servicios, vialidad, transporte, actividades
residenciales, empleadoras turísticas y asociadas a los polos del puerto y el
aeropuerto internacional, y actividades
de equipamiento urbano cultural, educacional, recreativo, tecnológico (TORRES,
2023), de salud, entre otros, con normas que deben ser actualizadas y
armonizadas (TORRES,
2017), así como medidas de protección ambiental, entre ellas la gestión de
escombros, arborización urbana (TORRES, 2021),
mitigación de riesgos ambientales y vulnerabilidades, y capacidad de
respuesta resiliente ante eventos extremos climáticos y naturales
recurrentes como ya se conoce. Además, la investigación de responsabilidades penales
debe ser un punto de partida para acciones de justicia ante situaciones que
nunca debieron suceder ni deberán suceder en el futuro.
Urbanista Hilda Torres Mier y Terán. Julio, 2026
hilda.torres@ucv.ve; torresmiery@gmail.com; Instagram: htmyt2021,
La reconstitución de las ciudades venezolanas: economía urbana, crisis y planificación.

Las ciudades son el asiento de condiciones materiales e inmateriales que favorecen el crecimiento económico, y generan recursos sin los cuales, es imposible alcanzar metas de bienestar, especialmente en el contexto de un planeta creciente y mayoritariamente urbanizado. Con 20 por ciento de la población mundial, las 300 mayores economías metropolitanas del planeta generaron cerca de la mitad del producto global para el año 2014 (Global Metro Monitor). En Venezuela sin embargo, el papel de nuestras ciudades mengua, ante la grave crisis general que vive la nación.
Las economías de las metrópolis del mundo generan cerca del 80% del producto bruto del planeta, cada vez con más acento en el sector terciario y con mayor productividad en el sector de alta tecnología. El mayor reto en el gasto global en los años venideros, será el financiamiento de infraestructura urbana a través de los gobiernos locales que para mantener la economía local y mundial. Ahora bien, todo ello está fuertemente determinado por la planificación urbana, pues sólo así pueden definirse programas adecuados de inversión en relación con la futura urbanización.
El programa de asesoramiento a gobiernos locales denominado Autoasesoría de Gobiernos Locales (LGSA en sus siglas en inglés) del Banco Mundial (Farvacque y Vitkovic, 2019), plantea la necesidad de la integración de la planeación urbanística y del estudio de la economía local y las finanzas municipales, para por una parte definir correctamente el objetivo de la ciudad y cuantificar sus requerimientos de inversión en infraestructura, tierra y servicios, y por la otra, para orientar “la optimización de las finanzas municipales, el reconocimiento de cuellos de botella en los ingresos, gastos y prácticas financieras asociadas, el estudio de la solvencia financiera de la municipalidad y su capacidad de inversión”.
Este programa recomienda la asociación de municipalidades de una ciudad para asegurar la coherencia, el acuerdo, la recolección de data y la distribución de responsabilidades de gobernanza espacial urbana, y promueve entre otros aspectos, la definición de la «marca de ciudad» o «city brand«, entendida esta como la imagen objetivo que se pretende que identifique a la urbe, con base en su potencial específico de desarrollo económico competitivo, fundamentado en la identificación de las actividades con mayor potencial de generación de empleo y la atracción de capitales mediante estímulos fiscales. Tanto las tareas de planificación urbanística como la económica y financiera, exigen la conexión estrecha de trabajo entre departamentos y la relación subsidiaria del gobierno central.
En relación con la planificación urbana, propone el diagnóstico de necesidades de infraestructura y servicios a la escala de la ciudad y del vecindario, el análisis del suelo urbano incluyendo la distribución espacial de usos, el estudio de la estructura parcelaria, del mercado inmobiliario y de las reglamentaciones vigentes. También recomienda prestar especial interés a la situación de la vivienda formal e informal, el acceso a servicios de equipamiento e infraestructura, y sus condiciones estructurales y funcionales. En el análisis financiero local propone como indicadores económicos clave, el PIB per capita nacional y el PIB local urbano, el ingreso medio anual familiar, la tasa de desempleo, el empleo por sectores de actividad y la tasa de informalidad en el empleo de la ciudad.
Este informe no discute sobre teorías o modelos de análisis de economía urbana y regional tales como los de base económica, medio innovador, teorías de análisis espacial y de localización de actividades, teorías de crecimiento económico, o planteamientos conceptuales de planificación urbana y de análisis económico financiero de proyectos urbanos. Tampoco reflexiona sobre aspectos teóricos necesarios para fundamentar los análisis empíricos: teoría de planificación, teoría económica y modelos de crecimiento regional y urbano, teorías de localización espacial de la actividades, modelos administrativos y de finanzas públicas, teoría tributaria, federalismo fiscal y otras ramas teórico – conceptuales importantes para guiar la gestión local. Sin embargo, estos aspectos deben ser desarrollados por expertos, e indefectiblemente incorporados como fundamentos para guiar los estudios prácticos. Asimismo algunos paradigmas como el de una ciudad equitativa, sostenible, compacta, o resiliente, que deben ser discutidos en aras de orientar la concepción del desarrollo.
Una vez determinada la vocación económica, y proyectado el crecimiento urbano de la ciudad o metrópoli, deben formularse los proyectos de inversión necesarios entre los cuales deben seleccionarse aquellos prioritarios o estratégicos. Esto puede realizarse a partir de matrices de decisión participativas y con la aplicación de indicadores de diagnóstico de cada aspecto relevante: infraestructura, equipamientos y espacios públicos, básicamente en proyectos de desarrollo urbano residenciales y de usos empleadores, proyectos de renovación urbana, y proyectos de habilitación de barrios o zonas informales subequipadas. La identificación de estos proyectos permitirá realizar la aplicación de fondos adecuada, y debe asociarse a la estrategia de crecimiento económico y la obtención de financiamiento.
Las fuentes de financiamiento.
Encontramos en resumen, tres ámbitos de estudio en relación con fuentes de financiamiento local que deben ser considerados: la atracción de capitales para el crecimiento económico local, las fuentes de recursos internacionales para el desarrollo urbano local y las fuentes de ingresos tradicionales de los gobiernos locales.
Tanto la obtención de fuentes de recursos internacionales para el desarrollo, tales como préstamos de organismos multilaterales a través del gobierno central, dirigidos proyectos urbanos o la emisión de bonos de deuda pública, como la optimización del manejo de fuentes de ingreso tradicionales, deben ser idealmente acompañados de programas sostenibles de atracción de capital extranjero local hacia los sectores competitivos de la ciudad, que no sólo pudiesen financiar proyectos de inversión local, sino que principalmente, tiene como objetivo aportar al crecimiento de la economía urbana metropolitana. Su aporte indirecto al desarrollo urbanístico, se concreta a partir de la asociación de la actividad económica con las fuentes de ingresos locales tradicionales como transferencias, impuestos y tasas, así como impuestos a actividades innovadoras como el turismo u otras según el potencial de la ciudad. Para el desarrollo urbanístico, también es posible establecer convenios entre compañías públicas y privadas de prestación de servicios, y obtener financiamiento a través de inversionistas privados del sector inmobiliario asociados a los proyectos empresariales y a los proyectos de desarrollo metropolitano. En todos los casos es necesario el estudio del potencial económico de la ciudad, y la evaluación social y financiera de los proyectos, con técnicas adecuadas y sólidas bases teóricas y ontológicas.
Por ejemplo, en relación con la atracción de capitales para el crecimiento económico metropolitano, bajo los criterios de la Iniciativa Global de Ciudades, proyecto de patrocinado por Brookings and JPMorgan Chase, la ciudad de Wichita, estado de Kansas en los Estados Unidos, poseyendo una rica historia en el tema de aviación, ha venido acogiendo una significativa concentración de experiencia en actividades aeroespaciales, atractivas para las empresas de aerolíneas. Para apalancar esta ventaja,la Universidad local atrae a las firmas internacionales por medio de sus Institutos de investigación en el tema, de tal modo, que en 2017, la empresa francesa Dassault Systèmes de programación (software) aeroespacial, y la empresa Airbus Americas Wichita Engineering Center, instalaron respectivas sedes en la ciudad. Esta y otras experiencias reportadas por Bouchet, Barker y Gootman (2019) como la de Portland, estado de Oregon, donde la inversion directa extranjera da soporte a un 30% de la inversion local, por la gestión de asociaciones publico – privadas para el desarrollo económico local (EDO). El progreso obtenido a partir de esta estrategia se conecta con estrategias de desarrollo regional, programas para el mercado global, crecimiento industrial y atracción de talento. Las inversiones aportan incremento del producto económico, de las exportaciones, innovaciones y conexiones a cadenas de suministro globales, a la vez que atraen otras inversiones internacionales en cadena.
En relación con los ingresos locales tradicionales, destaca el manejo del impuesto inmobiliario urbano a la vivienda y a usos empleadores, siendo el primero un instrumento de gran estabilidad económica y espacial relativa, de carácter general y con amplia base de contribuyentes, pero también se contemplan ingresos puntuales menos tradicionales con base en el suelo urbano, como el Land Value Capture o negociación de incrementos de valor de la tierra en nuevos desarrollos a favor de inversiones locales de interés público, el mecanismo del financiamiento por cobro anticipado de impuestos prediales para el financiamiento de infraestructura y equipamientos que favorezcan a los propios desarrollos privados en zonas específicas sujetas a desarrollo o TIF por sus siglas en inglés, el cobro de montos únicos a promotores inmobiliarios o propietarios por impacto obras municipales de las cuales se vieran beneficiado, Development Impact Fee (TDIF) o “contribución por mejoras”, la negociación de transferencia de derechos de desarrollo, las contribuciones de promotores al desarrollo de una infraestructura, o el cobro de montos de pago por garantías de desarrollo (Development Agreements), por ejemplo, la garantía de estabilidad de los usos del suelo aprobados durante la vida útil de la inversión inmobiliaria. Los impuestos a las actividades económicas suelen tener el mayor peso presupuestario en los ingresos propios, pero tienen como desventaja la transmisión de la imposición al consumidor a través de los precios y el desestímulo relativo a la propia actividad.
Crecimiento económico, planificación urbana y planificación financiera local: interrelaciones.
Una de las variables fundamentales cuyo análisis guía la determinación de la vocación económica de la ciudad, y subsecuentemente de su planificación urbanística, es el Producto Interno Bruto (PIB) Metropolitano, tanto por su relevancia como indicador, como por la posibilidad que brinda para realizar comparaciones estandarizadas. Diversas instituciones públicas, institutos de investigación y teóricos de la economía urbana y regional, han desarrollado metodologías ad hoc para el cálculo del PIB urbano, dado que los bancos centrales de cada país suelen manejar los análisis de crecimiento del PIB únicamente en el ámbito de lo nacional, y sólo en muy pocos países, en el ámbito regional y urbano. Sin embargo, incluso en estos casos, es complicado obtener la data local necesaria sin una plataforma técnica que soporte las investigaciones, y se utilizan por lo general variables proxy y su correlación con datos del PIB nacional, por ejemplo el consumo energético o la cantidad de telecomunicaciones, dada la escasa disponibilidad de cuentas fiscales sobre la actividades productivas sectoriales en el ámbito local municipal o urbano.
El estudio presentado por Brooking Institutions mide el PIB metropolitano y el empleo en numerosas metrópolis del planeta. En general observa que las economías metropolitanas con tasas más rápidas de crecimiento económico en 2014, se concentraron en los países en desarrollo, especialmente en el Asia del Pacífico, Europa del Este y Asia Central, y las tasas menores se observaron en Europa del oeste, Norte América y los países asiáticos desarrollados. En muchos casos, el crecimiento y el empleo metropolitano avanzaron a un ritmo superior al promedio del país correspondiente, y la mayoría (60%) recuperaba sus niveles de empleo y PIB per capita previos a la recesión mundial del año 2008, con observación de los mayores progresos en las metrópolis especializadas en actividades de comercio, servicios, turismo y manufacturas especializadas, creciendo a menos ritmo las áreas metropolitanas con alta concentración de negocios, finanzas y servicios profesionales. Este estudio no da acceso a la metodología con la que trabaja los datos empleados para el caso de América Latina, indicando que son recopilados por el Instituto de asesoría internacional Oxford Economics. Reporta el caso de Caracas, advirtiendo la falta de información oficial para la estimación de indicadores, y señalando que dentro de las lista de Metrópolis con más lento crecimiento económico, Caracas ocupa el puesto 296, bajando del puesto 129 en 2013, entre 300 ciudades estudiadas, con una disminución del PIB per capita de 3.5% y del empleo en 0.1%. Vale destacar que en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica el U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), produce estadísticas permanentes para las metrópolis norteamericanas, tales como el PIB municipal, estimado como la participación del empleo local urbano, en el empleo del estado correspondiente.
El caso de Caracas, las ciudades venezolanas, crisis y reconstitución.
Venezuela tiene una de las mayores tasas de urbanización del continente, un patrón de concentración espacial urbana predominante en la distribución territorial de la población, un nivel de infraestructura importante y recuperable, aún a pesar de su situación de deterioro actual, y una organización institucional local, que aún a pesar de la crisis que sufre por mengua de recursos y por las políticas recientes de concentración central del poder, constituyen todas oportunidades de desarrollo para la reconstrucción económica, la reconstitución urbana y la proyección de nuestras ciudades como fuentes de crecimiento, empleo y bienestar. La concentración urbana metropolitana así como ciudades intermedias incluye el Área Metropolitana de Caracas (AMC) y el Litoral Vargas como unidad urbana principal, las ciudades de los Valles del Tuy y de la conurbación Guarenas – Guatire así como el sector de Altos Mirandinos, y las metrópolis de Valencia-Maracay-Puerto Cabello-La Victoria entre las de mayor magnitud poblacional y significancia económica y material, con tendencia a conformar una gran megalópolis integrada al AMC y otras regiones metropolitanas y ciudades intermedias. Se estima para el año 2050 una población aproximada de 10 millones y medio de habitantes para la conurbación de metrópolis al norte del país. Estas estadísticas deben ser actualizadas, puesto que la migración de venezolanos hacia el exterior hace mella en nuestras ciudades, probablemente de manera diferenciada. En cada caso o aglomeración, existen condiciones de localización estratégica, infraestructura, instituciones de gobierno local, y capital humano, que deben constituir la base de una estrategia de competitividad y de reconstitución urbana con calidad de vida y equidad.
Ahora bien, el país viene sufriendo una crisis económica, social, humanitaria, con proyecciones de contracción del producto del 25%, sólo para el año 2019 (BM), y una caída acumulada del PIB del 60% en los últimos seis años. Esto ha traído como consecuencia una situación de catástrofe humanitaria y migraciones forzadas de millones de personas, migración sin precedentes en América y una de las mayores en el mundo (ACNUR). La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), luego de la visita a Venezuela del 11 al 22 de marzo de 2019, concluyó en el reconocimiento público de una crisis económica y social, agudizada entre los años 2018 y 2019, con una economía en contracción, e índices hiperinflacionarios sostenidos, a lo cual se suma la disminución de los ingresos públicos a raíz de una drástica reducción en la producción petrolera, principal producto de exportación. Reconoce asimismo violaciones flagrantes al derecho a la alimentación «incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre«, al derecho a la salud, donde se observa una situación grave y sostenida en el «deterioro creciente de la infraestructura, el éxodo de doctores y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos«.
El informe añade que: «la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural«. A lo anterior debe sumarse una tasa de informalidad residencial acumulada cercana al 40% de la población metropolitana, según las estimaciones más conservadoras, y una crisis de seguridad ciudadana aguda, ante la existencia de elementos de seguridad pública y grupos paramilitares al servicio de objetivos de represión social y política, con reconocida violación de derechos humanos.
En la última década, también puede señalarse negativamente la reversión del proceso de descentralización iniciado en la década de 1980, reversión fundamentada en una visión centralista antiurbana acentuada de parte del gobierno central, trastocando adelantos concretos en cuanto a la transferencia de competencias y de recursos locales y de democratización de procesos políticos, y llegando incluso a desmantelar arbitrariamente instancias de gobierno local, como el nivel parroquial y la Alcaldía Metropolitana de Caracas, instituciones de rango constitucional.
Asimismo, la inseguridad jurídica, especialmente en relación con el derecho a la propiedad consagrado constitucionalmente, se ha visto incrementada por diferentes leyes y ejecutorias trasgresoras de la norma, así como por el discurso oficial amenazante que desestimula las posibles operaciones de inversión, y mantiene en vilo la propiedad privada comercial y residencial.
El deterioro crítico en la situación institucional y económica general del país, las proyecciones negativas de crecimiento económico, y el descalabro agravado en servicios, equipamientos, infraestructura urbana e informalidad acumulada en nuestras ciudades, constituyen así limitaciones de inmensa magnitud para el logro del derecho a una ciudad equitativa y sostenible, más aún para el logro de metas más complejas pero igualmente indispensables como las de una ciudad verde, inteligente, competitiva, resiliente, hermosa y pujante.
Ante esta situación de calamidad: ¿cómo reconstituir nuestras ciudades a partir de su indiscutible potencial, y lograr una calidad de vida básica indispensable, apuntando al logro de objetivos de desarrollo, a pesar del deterioro? ¿Cómo obtener provecho de una red urbana consolidada y estratégicamente posicionada a nivel geográfico continental, con la infraestructura recuperable y el capital humano disponible?
La reconstitución de las ciudades venezolanas consistirá en la recuperación del nivel de vida alcanzado al menos antes del agravamiento de la crisis nacional y de servicios de los últimos años, a través del equipamiento y la infraestructura urbana fundamentales para un nivel de vida adecuado, para desarrollar la principal riqueza de la ciudad como es su capital humano, la generación de empleo, innovaciones y el desarrollo tecnológico. Este objetivo implica la puesta en valor de la planificación urbana, la planificación económica, y la optimización del desempeño económico financiero de los gobiernos metropolitanos y municipales integrados.
En cuanto a la planificación urbana, a grosso modo, puede hablarse de ventajas en relación con la existencia de Planes Locales de Desarrollo Urbano (PDUL) elaborados para casi todas la ciudades del país, así como Planes de Ordenación Urbanística (POU) de mayor escala o ámbito espacial, con excepción de la ciudad de Caracas, que cuenta no obstante con el Plan Caracas Metropolitana 2020, elaborado en 2011 por la Alcaldía Metropolitana, con lineamientos estratégicos de dotación de equipamientos e infraestructura básica, protección ambiental y emprendimiento entre otros aspectos generales. Se cuenta igualmente con un Plan Nacional de Ordenación Territorial vigente (PNOT, 1998) que definió en su momento actividades líderes por ciudad. Debe incluirse también la reflexión acumulada acerca de la habilitación física de barrios, concretada en el Plan del mismo nombre, elaborado a partir de la gestión Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) alrededor del año 2000 y posteriormente paralizado, cuyos contenidos deben ser retomados, integrándolos a la planificación urbana y financiera. Son también ventajas para la planificación, la experiencia acumulada en el país para el estudio y la modelación de la estructura y el transporte urbano, y la mejora reciente en las bases de datos georeferenciados de las municipalidades, especialmente en la ciudad capital, entre otras.
Ahora bien, los planes urbanos existentes deben actualizarse, adoptando el estudio del potencial económico de la ciudad, de las actividades generadoras de riqueza, para definir estrategias de inversión y planificación, con base en la teoría disponible para la modelación económica y espacial. Los planes urbanos y territoriales deben ser actualizados bajo criterios de promoción del desarrollo y del crecimiento urbano compacto y sostenible, ratificando el reconocimiento del sistema integrado y jerarquizado de metrópolis. Asimismo debe procurarse la creación de una unidad de análisis en las instituciones de gobierno y académicas para la creación de data sobre crecimiento metropolitano (PIB), como fuente de información para la planificación económica urbana y la planificación urbanística.
En cuanto a las finanzas locales, es necesario plantearse estrategias de atracción de capitales foráneos y la reinversión de capitales nacionales en industrias y servicios clave, así como potenciar las fuentes de recursos tradicionales. Para la atracción de capitales privados foráneos, son necesarias las investigaciones que permitan visualizar experiencias exitosas de inversión y desarrollo urbano, atrayendo estos capitales a partir del estudio del potencial económico, de los recursos naturales y humanos de nuestras ciudades, y contando con la asociación con el sector privado local y con la creación y apoyo a centros de investigación y asociaciones público-privadas encargadas e investigar y fomentar estas estrategias.
En relación con los ingresos propios municipales, se tienen ventajas en la experiencia de administración municipal acumulada a raíz de los procesos de descentralización desde los años 80, en la disponibilidad de instrumentos de recolección de ingresos propios locales, en las mejoras recientes en los mecanismos administrativos de cobro de impuestos como el de Inmuebles Urbanos (IIU), y en el cobro de plusvalía urbana (caso del Municipio Baruta en Caracas). Sin embargo, debe procurarse la modernización de los mecanismos de auditoría financiera municipal en función de la formulación conjunta de objetivos económicos y de desarrollo o planificación urbana. Debe revisarse la legislación disponible para propiciar la implementación de mecanismos novedosos, distintos a transferencias, tasas e impuestos propios tradicionales, cuya puesta en práctica está también íntimamente ligada al análisis económico y espacial urbano, y a los planes urbanísticos. Igualmente deben llevarse a cabo acciones para optimizar el uso de los instrumentos de ingresos locales vigentes e implementar otros novedosos, especialmente los ingresos asociados al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Es necesario revisar las bases y el diseño de otros impuestos como los derivados de instrumentos tributarios sobre el suelo, y mantener al día estudios inmobiliarios ad hoc y reglamentaciones.
Debe asimismo lograrse la integración del trabajo de planificación económica, de planificación urbana y de planificación económico-financiera local en cada municipio o en cada metrópoli de municipios integrados, todo dentro de un marco de seguridad jurídica, de mecanismos de descentralización, de restitución de los niveles de gobierno local urbano y metropolitano, de participación ciudadana y de cooperación subsidiaria del gobierno central.
Dada la situación crítica actual, lograr objetivos de reconstitución urbana como los que aquí hemos sugerido, debe ser una meta inmediata de nuestras instituciones, sin embargo, la elaboración de instrumentos y la implementación de acciones, deben incorporar criterios que permitan desde ahora superar este nivel básico de reconstitución, y que posibiliten visualizar simultáneamente una imagen objetivo de mediano y largo plazo, que integre nuestros centros urbanos a metas de crecimiento económico y competitividad, con robustas bases ontológicas, teóricas y empíricas.
Hilda Torres. Septiembre, 2019

El ataque del Covid-19, virus recién instalado para desmedro de la humanidad entera, viene lamentablemente avanzando a través de todos los continentes, particularmente de las ciudades conectadas globalmente. Resalta que la transmisión o contagio inicia en las ciudades más globalizadas del planeta, por la actividad turística o de negocios internacionales, y en segunda etapa ahora se dispersa hacia las ciudades de los sub continentes menos desarrollados y probablemente menos conectados globalmente, pero con una muy alta tasa de riesgo de mayor mortalidad, dadas especialmente las condiciones sanitarias más deficientes, aún con el necesario apoyo de organismos internacionales, lo que está por verse.
Los efectos sanitarios del COVID-19, con una tasa de mortalidad relativamente baja en comparación con otras endemias y pandemias, alarman sin embargo sobremanera, por el sufrimiento causado en cada familia y comunidad afectada, y produce pánico generalizado de contagio, lo que ha llevado al establecimiento de políticas de aislamiento social o confinamiento casi total de la población en sus casas a nivel mundial, por períodos mayores a quince días incluso, paralizando la economía, afectando el empleo con proyecciones negativas indeseadas o efectos macroeconómicos nefastos que apenas comienzan a estimarse, y distorsionando la vida personal y comunitaria en su casi totalidad. Los efectos del confinamiento también traerán situaciones sanitarias, psicológicas y sociales que están por verse, sobre todo en los países con menos recursos que comienzan a verse afectados, y tendrán incluso consecuencias políticas, que ya se reflejan en una aparente competencia global por demostrar gobiernos fuertes y preparados ante la calamidad.
Ahora bien, las tasas de mortalidad de este virus no se han mostrado iguales en cada país o región. Las medidas de confinamiento han resultado aparentemente muy eficaces e indispensables, pero ellas han debido venir acompañadas de una infraestructura tecnológica y una estructura urbana que debemos destacar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), a la fecha de este escrito, se han contabilizado globalmente 234.073 personas infectadas y 9.840 decesos, con una tasa promedio de 4,2%.

Mientras la tasa de mortalidad en la República China a la fecha es de 4,00% aproximadamente, en la nación surcoreana o República de Corea, esta tasa es de 1,08%. La misma es actualmente del 8,03% en Italia, al tiempo que resulta de 0,81% en Alemania. ¿Cuál ha sido la diferencia en las políticas de cada país?
Según el artículo de la BBC de Londres:
«Corea del Sur adelantó una campaña agresiva para combatir el virus. Puso todo su sistema de salud a disposición para diagnosticar tempranamente la presencia del Covid-19 en los habitantes de zonas críticas del país. Un ejemplo de ello es que, a pesar de que EE.UU. y Corea del Sur anunciaron el mismo día el primer caso de coronavirus en sus respectivos países (20 de enero), hasta esta semana EE.UU. había examinado a 4.300 personas en su territorio. Corea del Sur, en cambio, hizo el test en 196.000. Ese método, aunque ha sido calificado de invasivo, ha logrado salvar vidas».
La misma fuente de la BBC para el caso de Alemania, reporta que el amplio alcance de los exámenes permitió también a este país identificar la epidemia desde una etapa muy temprana para trabajar sobre ella, así como la impresionante capacidad del Instituto Koch alemán, de realizar 160.000 exámenes de diagnóstico por semana.
La detección temprana es clave para la definición de las políticas de aislamiento de la población en riesgo, y parece ser también clave en el control de las estadísticas de la enfermedad, pero ella funciona con un capital humano, una infraestructura y equipamientos urbanos indispensables.
La pandemia, así declarada por la OMS, parece mostrar un ciclo de aumento y declive de los contagios cuyo pico más alto ocurre alrededor del día 15 del primer contagio detectado, y el declive inicia aproximadamente a partir de entonces, dependiendo de las medidas de aislamiento y de detección temprana. Esto hace que los países afectados se encuentren en distintas etapas o momentos, con la posibilidad de aprender de los países afectados más tempranamente.
El caso de Caracas:
Según la OMS (2020) al 1 de marzo de 2020 en Venezuela se reportaron 36 casos de personas contagiadas desde el día 13 de marzo pasado (según información pública, hoy el número es de 70), con ningún deceso, situación similar a otros países de la región cronológicamente paralelos (en la República China por ejemplo los primeros casos parecen haberse detectado en diciembre de 2019, con lo cual se encuentra en otra etapa, aparentemente en declive del contagio del virus). Brasil presenta 428 casos y 4 decesos, con fecha de primer caso detectado en la última semana del mes de febrero de 2020.
Pero la situación sanitaria de Venezuela resulta grave en términos de migración de personal de la salud al exterior produciendo déficits en especialistas, particularmente en infectología según declaraciones de la Sociedad Venezolana de Infectología desmantelamiento de equipos e infraestructura, clausura de servicios especializados en hospitales, e incluso cierre total de instalaciones hospitalarias, como es el caso de los hospitales caraqueños de referencia nacional e internacional J.M. de Los Ríos (infantil) y Periférico de Coche, inoperatividad casi total de los ambulatorios comunitarios de atención primaria denominados recientemente «Módulos Barrio Adentro» en comunidades populares, escasez de medicinas y material sanitario, escasez de combustible para el transporte automotor, desnutrición, inseguridad alimentaria y empobrecimiento del 80% de la población en los últimos 6 años (ACNUR, 2019), escasez de agua potable, fallas eléctricas constantes, a lo que se agrega falta de acceso a información pública confiable y transparente por limitaciones a la libertad de expresión, y acciones políticas represivas contra denunciantes de la situación. Aunque el país posee los conocimientos científicos o técnicas de biología molecular para la detección de la COVID- 19, por ejemplo en el Instituto Nacional de Higiene de la Universidad Central de Venezuela, su trabajo se ve limitado por la falta de insumos para este fin y las estructuras hospitalarias, carentes de los insumos esenciales para el tratamiento, con menos de 70 camas de terapia intensiva operativas en el ámbito nacional.
La situación de la ciudad capital, Caracas, no escapa a estas notas generales, aunque la situación se torna incluso más gravemente acentuada en las ciudades del interior del país. La ayuda internacional que está en proceso de ser recibida en términos kits de detección del virus o insumos médicos mínimos como mascarillas, sueros, etc., sólo ayudará parcialmente a aliviar la situación.
¿Qué implicaciones urbanísticas derivan de toda esta situación? El abandono de la infraestructura y los equipamientos urbanos, especialmente los de carácter sanitario que también ha visto el país y nuestras ciudades en los últimos años resulta inaceptable. Se ponen especialmente a prueba en una situación tan excepcional como grave, pero muestran claramente que para mantener la debida calidad de vida urbana, como la productividad necesaria para la sostenibilidad de nuestras ciudades, tanto los equipamientos urbanos puntuales a todas las escalas de atención, como las grandes infraestructuras de redes de agua, electricidad y comunicaciones, son indispensables para la vida, mejor aún, con sistemas democráticos y transparentes.
Urbta. Hilda Torres Mier y Terán.
En memoria del Arq. Víctor Artís (1933-2017), miembro Honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, preocupado defensor del arbolado urbano.
Resumen.
Los bosques y el
arbolado urbano son herramientas de combate contra el cambio climático, este
último entendido como el aumento inusitado de la temperatura ambiental del
planeta, que viene registrándose especialmente en los últimos 50 años
aproximadamente, con consecuencias incrementalmente desastrosas sobre la vida
de todas las especies naturales, incluido el ser humano, fenómeno claramente
comprobado, así como su origen antropogénico. El consumo energético de
combustibles, y el consumo masivo de materiales contaminantes, las actividades
mineras altamente contaminantes y degradantes del ambiente, la deforestación y
degradación de bosques y arbolado causados por tala y aumento de espacios para
la ganadería, los cultivos agrícolas para la producción de alimentos o de agro
carburantes y la explotación descontrolada de los recursos forestales, atentan
contra el equilibrio atmosférico, la capa vegetal y la vida. De la limitación
de estas actividades degradantes, y particularmente de la protección y de la
comprensión de la importancia de los árboles, los sistemas forestales y los
ecosistemas asociados, depende en buena medida el éxito sobre esta catástrofe
ambiental. Tanto los grandes y bosques y selvas de escala planetaria, como la
arborización de ciudades, asiento de la mayor parte de la población son
importantes. El incremento de la arborización urbana y la recuperación de
bosques cuenta con estrategias que abordan la escala planetaria, con grandes
sistemas de bosques continentales y corredores de ciudades-región arborizados,
así como otras tácticas que enfatizan la arborización al interior de las urbes,
todo lo cual se destacará a continuación, poniendo particular atención al caso
de Venezuela y de la ciudad de Caracas, su capital.
Palabras clave: cambio climático, bosques, arbolado, ciudad, Caracas, Venezuela.
PARTE I. Introducción. Cambio climático, bosques y arbolado urbano.
| Árbol más
alto hallado en el AMAZONAS. Árbol más alto hallado en el AMAZONAS. Fuente: Tobías Jackson. BBC News Mundo. 16 / 09 /2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-49718965 |
El incremento de
la arborización urbana y la recuperación de bosques cuenta con estrategias que
abordan la escala planetaria, con grandes sistemas de bosques continentales y
corredores de ciudades-región arborizados, así como otras tácticas que
enfatizan la arborización al interior de las urbes, todo lo cual se destacará a
continuación, poniendo particular atención al caso de Venezuela y de la ciudad
de Caracas, su capital.
Cambio climático, bosques y arbolado urbano.
Las advertencias
y evidencias sobre el cambio climático y sus consecuencias nefastas para la
vida se han hecho cada vez más urgentes y preocupantes. Los expertos señalan:
“Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles,
sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están
produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir
hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial
y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de
efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. Aunque las mejoras
en la calidad del aire serían rápidas, podrían pasar entre 20 y 30 años hasta
que las temperaturas mundiales se estabilizasen” (IPCC, 2021).
De acuerdo al
informe de United in Science 2021, Organización de Naciones Unidas, y la World
Meteorological Organization (ONU, 2021a), las concentraciones de gases de
efecto invernadero y su impacto sobre la temperatura ambiente, presentan
niveles récord en el planeta, a pesar de la circunstancia atenuante de la
reducción de las actividades productivas debida a la pandemia COVID-19,
especialmente desde el año 2020, que ha reducido las emisiones del transporte
terrestre en cerca de un 5%, aunque esto sólo resulta en un efecto temporal.
Con ello el mundo se aleja de los objetivos fijados por el Acuerdo de París
(ONU, 2015), tratado internacional para evitar que el calentamiento global que
sufre el planeta aceleradamente esté por encima de los 2°C durante el presente
siglo. También obstaculiza el avance hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible acordados por la Organización de Naciones Unidas (ONU,2021b). Más
allá de este límite de temperatura, se generarían fenómenos meteorológicos más
frecuentes, extremos y devastadores, con un impacto cada vez mayor en las
economías y en las sociedades, especialmente incendios e inundaciones. La
temperatura media anual del planeta es al menos 1°C más elevada que en la época
preindustrial, y probablemente se eleve hasta 1,5°C en los próximos cinco años.
El nivel del mar aumentó 20 centímetros entre 1900 y 2018, a un ritmo acelerado
entre 2006 y 2018, y aumentará entre 0,3 y 0,6 metros para 2100, o entre 0,3 y
3,1 metros para el año 2300. Aún con un aumento menor a 2°C en la temperatura
media, las infecciones, entre ellas la COVID-19, y otros riesgos climáticos
tales como las olas de calor y la mala calidad del aire, se combinarán para
amenazar la vida de muchas especies y la salud humana en todo el mundo,
poniendo en especial riesgo a las poblaciones más vulnerables por su nivel de
pobreza o condiciones de salud especiales. Luego del fin de la pandemia, se
prevé un aumento adicional considerable de las emisiones y sus efectos, por la
reactivación de las economías, el consumo energético y otros factores
asociados, pero también por el recrudecimiento de acciones de deforestación y
degradación de bosques, causados por incendios forestales, tala, y aumento de
actividades agropecuarias y mineras, sobre todo en la Amazonía y en las selvas
de Indonesia en el sureste asiático, de importancia planetaria. La degradación
de los bosques y del ecosistema natural, no pueden ser compensados más que
parcialmente con la reforestación o el recrecimiento natural de la vegetación
(WMO, 2021).
Las ciudades son también parcialmente responsables de la emisión de contaminantes que aceleran el cambio climático, como el CO2, y sufren asimismo sus consecuencias, tanto las inmediatas y localizadas dentro de la ciudad, entre ellas la degradación de la calidad ambiental, el calor y sus efectos nocivos sobre la salud, como otras no necesariamente localizadas, como es el caso de la elevación del nivel de los océanos, las inundaciones, las sequías y las tormentas inusuales, que afectan gravemente la infraestructura, la producción de alimentos y la vida de los habitantes de las ciudades, y de todos los seres vivos.
Los bosques
urbanos, las zonas protectoras, los parques nacionales y los sistemas boscosos
continentales albergan biodiversidad y ofrecen servicios sociales, tanto al
interior de las ciudades como en los sistemas ambientales supra urbanos. Los
grandes bosques acogen la mayor parte de la biodiversidad terrestre del
planeta, y son el hábitat del 80% de las especies de anfibios, el 75% de las de
aves y el 68% de los mamíferos. Alrededor del 60% de todas las plantas
vasculares se encuentra en bosques tropicales. Los manglares en las costas
también proporcionan lugares de reproducción y criaderos para numerosas
especies de peces y crustáceos, y ayudan a retener los sedimentos que podrían
perjudicar el fondo submarino y los arrecifes coralinos. Los bosques
proporcionan más de 86 millones de empleos verdes y sustentan los medios de
vida de muchas personas más. La resiliencia de los sistemas alimentarios
humanos y su capacidad de adaptarse a los cambios futuros dependen de la
biodiversidad que los bosques protegen; las especies arbustivas y arbóreas
adaptadas a las tierras secas ayudan a combatir la desertificación; las
especies de insectos, murciélagos y aves que habitan en los bosques polinizan
los cultivos; los árboles con sistemas radiculares extensos que se encuentran
en ecosistemas montañosos evitan la erosión del suelo, y las especies de
manglares favorecen la resiliencia ante la inundación en zonas costeras. Al
acentuarse los riesgos para los sistemas alimentarios por el cambio climático,
la función de los bosques de captar y fijar carbono mitigando el cambio
climático es cada vez más importante para el sector agrícola. Más de 28.000
especies de plantas están registradas como plantas de uso medicinal y muchas de
ellas se encuentran asimismo en ecosistemas forestales.
Según la Organización
de Naciones Unidas (FAO, 2020), el área total de bosques en el mundo es de 4
mil millones de hectáreas aproximadamente, que corresponden al 31% de la
superficie total de la tierra. Esta área es equivalente a 0,52 hectáreas por
persona, pero los bosques no están naturalmente distribuidos de manera uniforme
por población o situación geográfica. Las zonas tropicales poseen la mayor
proporción de los bosques del mundo, hasta 45%, mientras el resto está
localizado en las regiones boreales, templadas y subtropicales. Más de la mitad
de los bosques está situada en cinco países: Rusia, Brasil, Canadá, los Estados
Unidos de América y China. En el mundo, Brasil contiene la mayor proporción de
bosques protegidos del planeta con un 21% del total, y le siguen Indonesia y
Venezuela con 7% y 6% respectivamente.
Aproximadamente
sólo cerca de un 30% de los bosques del mundo son bosques primarios, que se
definen como bosques de especies arbóreas autóctonas, regenerados de forma
natural, donde los procesos ecológicos no han sufrido perturbaciones
destacables. El área de bosque destinada principalmente para la protección del
suelo y el agua muestra una tasa de crecimiento positiva en los últimos 10 años
y el ritmo de pérdida neta de bosques disminuyó notablemente durante el período
1990-2020 debido a una reducción de la deforestación en algunos países, además
de un aumento de la superficie en otros, a través de la reforestación y/o la
expansión natural. Asia tuvo el mayor
aumento neto de superficie forestal en el período 2010-2020, seguida por
Oceanía y Europa. Entre 2015 y 2020, se estima que la tasa de deforestación fue
de 10 millones de hectáreas al año, cuando en la década de 1990 era de 16
millones de hectáreas al año. La superficie de bosques plantados ha aumentado
en 123 millones de hectáreas, aunque la tasa anual de aumento se redujo en la
última década. (UNECE, 2021a); (GBU, 2015); (UNECE, 2021b); (ONU-Habitat,
2014); (FAO, 2021).
Estos indicadores
representan una disminución en la tasa de merma de áreas de bosques, pero no
han dejado de perderse vastas superficies boscosas en el planeta, en cifras
absolutas, unos 420 millones de hectáreas, especialmente a causa del cambio de
usos de la tierra (FAO y PNUMA, 2020b). África tuvo la mayor tasa anual de
pérdida neta de bosques en el período 2010-2020, con 3,9 millones de hectáreas,
seguida por América del Sur, con 2,6 millones de hectáreas. En África, la tasa
de pérdida neta de bosques ha aumentado en cada uno de los tres decenios desde
1990. Hay pérdida de bosques en América del Sur, aunque la tasa de pérdida ha
disminuido aproximadamente a la mitad en el decenio 2010-2020 en comparación
con el período 2000-2010. Europa y Asia registraron aumento neto de
deforestación en 2010-2020 respecto a 2000-2010 y Oceanía también experimentó
pérdidas netas de superficie forestal entre 1990 y 2010. La superficie de
bosques regenerados de forma natural ha disminuido desde 1990 y de unas 60.000
especies arbóreas conocidas, unas 17.500 se han clasificado como especies en
riesgo de extinción, el doble que las especies animales en riesgo. (BGC, 2021).
En el caso de la
Amazonia, selva tropical que ocupa territorios de diversos países de la región
suramericana y se extiende sobre casi 8 millones de kilómetros cuadrados, esta
viene sufriendo niveles de deforestación inéditos especialmente desde 2020, con
casi cinco mil kilómetros cuadrados de selva arrasada ese año, debido sobre
todo al aumento de áreas para la ganadería extensiva y el cultivo de soja, pero
también a causa de los incendios naturales y provocados en aumento, sobre todo
en la porción dentro de los límites del Estado de Brasil, esto a pesar de las
declaraciones de alto nivel en favor de la defensa ambiental, y de éxitos
anteriores, ya que paradójicamente, entre 2004 y 2012, el país había logrado
reducir la deforestación hasta en un 80 por ciento (NATGEO, 2018). En la
Amazonía brasileña se estima un aumento de 54% en la deforestación en los
últimos diez meses respecto al periodo anterior. NATGEO (2020). https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2020/06/deforestacion-amazonas-alcanza-niveles-historicos-debido-consumo-carne Esta situación persiste a pesar de algunos
esfuerzos institucionales. Por otra parte, en la Amazonía venezolana, la
situación es muy preocupante, ya que la actividad minera descontrolada,
propiciada por las instituciones públicas, pero fuera de su alcance
regulatorio, está afectando más de 111 mil kilómetros cuadrados con actividades
altamente contaminantes y deforestaciones masivas, sin mencionar los efectos
nefastos sobre poblaciones locales, tribus indígenas y especies naturales. En
Colombia, de 2000 a 2018, entre 600 y 1.400 kilómetros cuadrados de bosques
amazónicos fueron intervenidos para el desarrollo agropecuario sólo en
territorio colombiano (VALENZUELA, 2021).
En el Sureste
Asiático, los grandes bosques sufren también una de las mayores tasas de
deforestación del planeta. Indonesia ha perdido la cuarta parte de sus bosques
en los últimos 25 años a causa de la quema colocando al país en la pasada
década como el tercer país emisor en gases de efecto invernadero del mundo. Los
incendios forestales sucedidos en Indonesia en 2015 son considerados una de las
mayores catástrofes medioambientales del siglo XXI con grandes pérdidas
económicas y sociales. Estas quemas son aparentemente responsables del 4% de
las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, y se producen por la
explotación insostenible y la demanda creciente de papel y aceite de palma por
parte de empresas mundiales de producción de cosméticos y alimentos procesados,
así como la industria de “biocarburantes” para la fabricación de biodiesel a
nivel internacional (GP, 2021); (FAO y PNUMA ,2020b).
Además de las
actividades humanas, los grandes bosques están sujetos a otras perturbaciones
que también pueden afectar negativamente su salud y vitalidad, degradando la
estructura y la cubierta forestal, y causando pérdidas irrecuperables de
biodiversidad. Los incendios naturales, los fenómenos meteorológicos graves,
las plagas, las enfermedades y otras perturbaciones ambientales pueden degradar
los bosques, y esto incluso puede afectar negativamente a otros usos de la
tierra como los agrícolas, al causar una pérdida de calidad del líquido vital
aguas abajo. Los cambios que se están produciendo en la actividad mundial de
los incendios en términos de ubicación, intensidad, gravedad y frecuencia
probablemente tendrán un costo inmenso en términos de biodiversidad, servicios
eco sistémicos, bienestar humano, medios de subsistencia y economías nacionales.
Muchos
científicos consideran que las tierras silvestres se enfrentan a condiciones
meteorológicas cada vez más difíciles en materia de incendios, a temporadas de
incendios prolongadas y a incendios de mayor envergadura influenciados por el
cambio climático. Las estimaciones para Europa indican un posible aumento de la
superficie quemada por año, para el año 2090, de entre un 120% y un 270% por
encima de la media de 2000-2010 (IUFRO, 2018). Las áreas afectadas por
fenómenos meteorológicos graves entre 2002 y 2015 están especialmente en
América del Norte y Central (entre 2.075.700 y hectáreas 9.081.300), en Europa
(entre 230.100 y 784.100 hectáreas), África (entre 1.100 y 22.200 hectáreas),
Asia (entre 23.300 y 461.400 hectáreas) y Oceanía (hasta 43.100 hectáreas).
Resalta que la fuente FAO (2021) no reporta cifras para América Latina ya que
los países no consignaron series contrastables para el período estudiado.
Insectos, enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos también dañaron
cerca de 40 millones de hectáreas de bosques en 2015, particularmente en las
zonas templadas y boreales.
La agricultura y
ganadería comercial a gran escala, principalmente la cría de ganado vacuno y el
cultivo de soja y aceite de palma fueron la causa del 40% de la deforestación
de bosques tropicales entre los años 2000 y 2010. La agricultura local de
subsistencia fue responsable de otro 33% de deforestación a pesar de que
paradójicamente, la agricultura se ve beneficiada por la salud del bosque. Las
regiones con poblaciones humanas densas y un uso agrícola intenso, como Europa,
América del Norte, algunas partes de Bangladesh, China y la India están menos
afectadas en cuanto a su biodiversidad. Pero el norte de África, el sur de
Australia, la costa del Brasil, Madagascar y Sudáfrica son zonas donde la
pérdida del estado intacto de la biodiversidad es notable, con el agravante de
que, en estas regiones, alrededor de 252 millones de las personas que viven en
bosques y sabanas, tienen ingresos inferiores a 1,25 dólares norteamericanos al
día, es decir, se encuentran en nivel de pobreza extrema y dependiendo de la
salud del bosque (FAO y PNUMA, 2020b).
Como consecuencia, existen altos riesgos de que se potencien algunas
enfermedades que afectan al ser humano asociadas a especies que subsisten en
los bosques intervenidos o degradados, como la malaria, la enfermedad de
Chagas, la tripanosomiasis africana (la enfermedad del sueño), la
leishmaniasis, la enfermedad de Lyme y las enfermedades causadas por el VIH y
el virus del Ébola. La mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas, incluido
el virus SARS-CoV2 que causó la pandemia actual de COVID-19, son enfermedades
zoonóticas y su aparición puede estar relacionada con la pérdida del hábitat
natural a causa del cambio de la superficie forestal, con el consumo de
especies silvestres, y con la expansión de las poblaciones humanas en zonas
forestales, ya que aumenta la exposición de las personas a la flora y fauna
silvestres.
Todas estas
incidencias requieren oportuna detección, para lo cual el satélite es una forma
eficiente de monitorear variables ambientales en detalle. Ello debe ser
favorecido con el necesario libre acceso a datos y tecnologías para todos los
países. Sin embargo, los instrumentos de teledetección también tienen limitaciones
tecnológicas a superar, como la poca capacidad para separar el bosque de otros
tipos de vegetación, o para medir la altura de la vegetación, pudiendo generar
clasificaciones erróneas. Otras tecnologías disponibles pueden aportar al
monitoreo y la vigilancia de la integridad de árboles y bosques, por ejemplo,
la tecnología de drones con cámaras y transmisión de video, complementadas con
personal especializado en el tema (UNDOCS, 2017).
| Parque Los Caobos. Caracas. |
La vegetación de
ribera en la ciudad, también es relevante por cuanto proporciona sombra que
enfría la temperatura del agua de ríos, riachuelos y quebradas, favoreciendo la
proliferación de especies. Al atenuar la velocidad del curso del agua, mitiga
asimismo el efecto de inundaciones aguas abajo. El árbol también es útil para
la descontaminación de aguas recicladas dirigidas a pozos subterráneos, al
absorber muchos componentes como nutrientes para el propio árbol. Los árboles
además pueden concentrar y eliminar la contaminación de aguas de escorrentía
superficial en la ciudad, la cual puede contener materia contaminante como
desechos orgánicos, sustancias patógenas y nocivas, además de otros químicos
mencionados. Plantados alrededor de estacionamientos, en parques industriales,
comerciales y en zonas residenciales de alta densidad, los árboles pueden
asimismo aportar elementos atractivos de paisajismo y ser refugio de aves e
insectos benéficos, favoreciendo la biodiversidad.
La arborización
de la ciudad también tiene efectos intangibles al mejorar la percepción de
salud de sus habitantes, pero asimismo tiene efectos tangibles, especialmente
en la disminución de enfermedades como asma, hipertensión, cáncer de piel,
tensión nerviosa o estrés, gracias a sus propiedades contra la contaminación,
en favor de la relajación mental, y por la sombra que proporcionan. Tienen
probados efectos terapéuticos en condiciones psicológicas como desórdenes o
déficits de atención, y ayudan a la concentración para el estudio, al
proporcionar cobijo y calma en zonas educativas. Los árboles pueden ser instrumentos de
educación ambiental y general para la infancia, para la integración
comunitaria, y para estimular el aporte social de la empresa privada en torno a
su siembra y cuidado. Se ha comprobado que las zonas arboladas también reducen
el crimen y las conductas antisociales en áreas urbanas, especialmente
alrededor de zonas residenciales. Asimismo, aumentan la seguridad vial al
servir como barreras laterales a las calles, y propician la reducción de la
velocidad de los vehículos debido a la percepción de esta que los árboles, como
elementos físicos, inducen en los conductores, y debido a que estimulan la
calma al conducir. También elevan considerablemente el valor de las propiedades
inmobiliarias, en la medida de la cercanía de los inmuebles a bosques, campos,
parques y avenidas arboladas. Pueden reducir considerablemente la contaminación
sónica, sobre todo los ejemplares ubicados cerca de los puntos de emisión, y a
la vez propician sonidos apaciguadores como el canto de aves o el movimiento del
follaje con el viento. Además, todo ello tiene impactos positivos en las
finanzas de los gobiernos urbanos y nacionales al reducir costos energéticos,
aumentar el valor la base tributaria inmobiliaria, mitigar desastres
climatológicos y mejorar la salud pública. La Organización Mundial de la Salud
adscrita a la Organización de Naciones Unidas, asegura que se necesita, al
menos, un árbol por cada tres habitantes urbanos para respirar un mejor aire en
las ciudades, y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde per
cápita. Esto implica la elaboración de
planes urbanos y proyectos, en los cuales el árbol sea un elemento fundamental
del diseño, del equipamiento y de la infraestructura de la ciudad, y que resulte
en una distribución equitativa, equilibrada espacialmente, del acceso de los
residentes a las zonas arboladas.
La situación actual del arbolado urbano muestra algunos indicadores promisorios pero insuficientes. Cincuenta y dos países y territorios reportaron la existencia de árboles en espacios urbanos, con una superficie total de 20,3 millones de hectáreas en 2020. Más de dos tercios se encuentran en América del Norte y Central, en algunas áreas menores en Europa con 2,77 millones de hectáreas, y en Asia con 2,40 millones de hectáreas. Pero la disponibilidad de arborización depende en buena medida de la existencia de espacios verdes, y estos, del modelo de ciudad prevaleciente, de la morfología urbana y los patrones de desarrollo urbano, de las estrategias de expansión, densificación, o conurbación urbana, y de los elementos internos estructurantes tales como la trama vial, las normas de construcción y la estructura parcelaria, pudiendo estas admitir o no la arborización. Por ejemplo, ella es prácticamente imposible en la vialidad típicamente moderna y separada del parcelario o a desnivel. Sin embargo, la calle corredor tradicional y las avenidas propias de los modelos ajardinados de ciudad, que bien pueden ser combinados con altas densidades puntuales o ciudad compacta, son excelentes oportunidades para el plantado de árboles urbanos en espacios públicos, además los espacios privados como jardines y áreas de esparcimiento. Los parques públicos recreativos, los bosques urbanos y áreas de protección ambiental como cinturones verdes y parques nacionales adyacentes son también espacios de oportunidad para la arborización.
| Tala indiscriminada. Caracas. Mariana Sofía Garcia, Crónica Uno. Junio, 2020. |
Asimismo, se
precisa su protección contra impactos y daños físicos, especialmente durante su
crecimiento, a partir del uso de mobiliario urbano ad hoc, por ejemplo, rejas
circundantes al tronco de ejemplares en crecimiento, y la elaboración de bases
de datos de ejemplares existentes y espacios con y sin vegetación.
Es indispensable
la existencia de centros de investigación y programas de educación
especializados en el área biológica, que trabajen multidisciplinariamente con
urbanistas, paisajistas y diseñadores urbanos, y con expertos en contaminación
atmosférica, ingenieros sanitarios, y expertos en hidrología, entre otros
especialistas, incorporando a comunidades, escuelas, gobierno local, agentes de
administración pública y empresas privadas.
Deben tomarse muy
en cuenta también estrategias para lograr la equidad espacial en la
distribución de la arborización urbana. Los sectores residenciales planificados
bajo modelos ajardinados son los que se han benefician mayormente de cierta
cobertura, más no sucede así en zonas céntricas y núcleos de negocios, en zonas
de residencia de alta densidad sin previsión de espacios verdes, y en barrios
informales de menores ingresos de las familias residentes. El caso de las zonas
residenciales informales o autoproducidas, donde el espacio abierto es casi
inexistente, convierte a estas zonas pobres en las menos beneficiadas de la
arborización urbana. La Organización Mundial de la Salud sugiere garantizar el
acceso a los residentes urbanos a un espacio verde, localizado a menos de 15
minutos de traslado a pie desde la vivienda, lo que coincide con la visión de
una ciudad con mixtura de usos del suelo, polinuclear y compacta que desde hace
algunos años se viene promocionando como modelo de ciudad sostenible. Este
modelo, de ser aplicado, debe extenderse a toda la ciudad, incluyendo
especialmente las zonas más desprotegidas.
Los barrios autoproducidos o informales, pueden definirse como desarrollos urbanísticos propios de la metrópolis moderna. Son zonas reside...