Venezuela tiene una de las mayores tasas de urbanización del
continente, un patrón de concentración espacial urbana predominante de la población, en un sistema de metrópolis y ciudades consolidadas, un nivel de infraestructura
importante y recuperable, aún a pesar de su situación de deterioro actual, y
una organización institucional local, que no obstante de la crisis que sufre
por mengua de recursos y políticas recientes de concentración central
del poder, ahora agravado por la tragedia sísimica del estado La Guaira, constituyen todas ciudades con enormes oportunidades de desarrollo para la
reconstrucción económica, la reconstitución urbana y la proyección de nuestras
ciudades como fuentes de crecimiento, empleo y bienestar.
La concentración urbana metropolitana así como
ciudades intermedias incluye el Área Metropolitana de Caracas (AMC) y el
Litoral Vargas como unidad urbana principal, las ciudades de los Valles del
Tuy y de la conurbación Guarenas – Guatire así como el sector de Altos
Mirandinos, y las metrópolis de Valencia-Maracay-Puerto Cabello-La
Victoria entre las de mayor magnitud poblacional y significancia
económica y material, con tendencia a conformar una gran megalópolis integrada
al AMC y otras regiones metropolitanas y ciudades intermedias. Se estima para
el año 2050 una población aproximada de 10 millones y medio de habitantes para
la conurbación de metrópolis al norte del país. Estas estadísticas deben ser
actualizadas, puesto que la migración de venezolanos hacia el exterior hace
mella en nuestras ciudades, probablemente de manera diferenciada. En cada caso
o aglomeración, existen condiciones de localización estratégica,
infraestructura, instituciones de gobierno local, y capital humano, que
deben constituir la base de una estrategia de competitividad y de
reconstitución urbana con calidad de vida y equidad. La Guaira, julio de 2026. Fuente: El Estímulo.
La conurbación megapolitana del norte del país, goza de ventajas
comparativas de localización estratégica y de concentración de recursos y
capital humano, que la convierte en motor de crecimiento del resto del sistema
de ciudades y metrópolis del país, así como de ciudades y poblados menores en
un sistema jerárquico e interdependiente. En este sistema, incluso el crecimiento
proyectado para metrópolis de segundo rango como Maracaibo – Santa Rita,
Barquisimeto – Cabudare, San Cristóbal – La Fría - Cúcuta (sistema binacional),
Acarigua – Araure, Barcelona – Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar – Ciudad Guayana,
donde también se concentra infraestructura para el desarrollo, se prevé incluso
mayor que el de la metrópoli caraqueña, desde el punto de vista poblacional, a
partir de mediados del presente siglo, cuando la capital verá disminuir progresivamente
su población por efectos demográficos.
Ahora bien, el país ha sufrido una crisis
económica, social y humanitaria, con una brutal caída acumulada del
PIB nacional en los últimos años, especialmente entre 2014 y 2020, con asomos
de recuperación solo de los últimos 6 años, estimada en un 4% para 2026segun
datos de Fondo Monetario Internacional (WORLDMETER, 2026) . Esto ha
traído como consecuencia una situación de catástrofe humanitaria y migraciones
forzadas de al menos 7,9 millones de personas, migración sin precedentes en
América y una de las mayores en el mundo (ACNUR, 2026). A ello se agregan
índices hiperinflacionarios sostenidos, y la disminución de los ingresos
públicos a raíz de una drástica reducción en la producción petrolera, principal
producto de exportación. La falta de mantenimiento en la
infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como
resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, el deterioro de
servicios básicos como el transporte público y el acceso a agua potable,
telecomunicaciones, energía eléctrica y gas. A lo anterior debe sumarse
una tasa de informalidad residencial acumulada cercana al 40% de la
población metropolitana, según las estimaciones más conservadoras, y una crisis
de seguridad ciudadana.
En la última década, también puede señalarse negativamente
la reversión del proceso de descentralización iniciado en la
década de 1980, reversión fundamentada en una visión centralista anti urbana
acentuada de parte del gobierno central, trastocando adelantos concretos en
cuanto a la transferencia de competencias y de recursos locales
y de democratización de procesos políticos, y llegando incluso
a desmantelar arbitrariamente instancias de gobierno local, como el nivel
parroquial y la Alcaldía Metropolitana de Caracas, instituciones con rango
constitucional, debilitando asimismo las asignaciones presupuestarias y
competencias de Alcaldías y Gobernaciones en favor de otras organizaciones comunitarias
sin basamento democrático como Comunas y Consejos Comunales, en buena medida bajo tutelaje del gobierno
central.
Asimismo, la inseguridad jurídica e institucional,
especialmente en relación con el derecho a la propiedad consagrado
constitucionalmente, se ha visto incrementada por diferentes leyes y
ejecutorias trasgresoras de la norma, así como por el discurso oficial que ha desestimulado
las posibles operaciones de inversión privada nacional o internacional, y
mantiene en vilo la propiedad privada industrial, comercial, de servicios y
residencial.
El deterioro crítico en la situación institucional y
económica general del país, y el descalabro agravado en servicios,
equipamientos, infraestructura urbana e informalidad acumulada en nuestras
ciudades, constituyen así limitaciones de inmensa magnitud para el logro del
derecho a una ciudad equitativa y sostenible, más aún para el logro
de metas más complejas pero igualmente indispensables como las de una ciudad
verde, inteligente, competitiva, resiliente, hermosa y pujante.
Esta situación se ve lamentablemente agravada en 2026 por la tragedia del doble sismo del día 24 de junio, que ha afectado a decenas de miles de familias y ha ocasionado miles de personas fallecidas por las consecuencias de acciones cuestionables en la construcción de la ciudad resultante de un desastre previo de carácter climático en el Estado de La Guaira, como principal zona afectada entre otras zonas puntalmente de la Gran Caracas y el resto del país.
Ante esta situación de calamidad: ¿cómo reconstituir
nuestras ciudades a partir de su indiscutible potencial, y lograr una calidad
de vida básica indispensable, apuntando al logro de objetivos de desarrollo, a
pesar del deterioro? ¿Cómo obtener provecho de una red urbana
consolidada y estratégicamente posicionada a nivel geográfico continental, con
la infraestructura recuperable y el capital humano disponible en ella?
La reconstitución de las ciudades venezolanas debe centrarse
en la recuperación a través del equipamiento y la infraestructura urbana
fundamentales para un nivel de vida adecuado, en favor de la principal riqueza de la ciudad como es su
capital humano, la generación de empleo, de innovaciones y del desarrollo
tecnológico. Esto implica la puesta en valor de la planificación urbana, la
planificación económica regional y y del sistema de ciudades, la optimización y
el fortalecimiento del desempeño
económico financiero de los gobiernos metropolitanos y locales.
EL LUGAR DE LA PLANIFICACIÓN URBANA Y EL GOBIERNO LOCAL.
El sistema de Planes Urbanos en Venezuela, es uno de
naturaleza jerárquica, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística (1987). Esta ley especifica dos niveles de
planificación. Una dirigida por el organismo ministerial competente a cargo del
gobierno nacional, el cual formula Planes de Ordenación Urbanística POU para
las ciudades y áreas metropolitanas. Estos planes destacan la delimitación de
la poligonal urbana de cada ciudad, la asignación de densidades residenciales
generales o brutas sobre el área total incluida en la poligonal, grandes
lineamientos de localización de actividades económicas e infraestructuras de
red y vialidad. Los POU, responden a su vez a los Planes Estadales y Nacional
de Ordenación del Territorio PNOT, establecidos en la Ley correspondiente (Ley
Orgánica de Ordenación del Territorio, 1998), que definen el sistema urbano, la
jerarquía de ciudades y su localización en el territorio nacional, además de
otras zonas de interés ambiental y de seguridad nacional. Los PNOT son
desarrollados también por el gobierno nacional y responden al plan superior o
Plan de la Nación, plan que desarrolla los grandes lineamientos de desarrollo
sectorial, que el PNOT concreta espacialmente, así como el POU.
En la cadena jerarquía, continúan los PDUL o Planes de
Desarrollo Urbano Local, elaborados por las Alcaldías (gobierno local) para
sus ámbitos urbanos o ciudades. Aquí se especifican usos del suelo por sectores
y parcelas, densidades netas y obras de infraestructura a y equipamiento urbano
a nivel de detalle. Su aplicación se concreta por medio de Ordenanzas de
Zonificación que detallan las variables urbanas de desarrollo para
edificaciones y terrenos tales como densidades puntuales, espacios abiertos,
zonas de equipamientos, alturas, retiros y otras cercanas a la escala
constructiva. Se apoya igualmente en las normas de construcción vigentes a
nivel nacional y las exigencias de estudios de capacidad del suelo que aportan
los planes de mayor jerarquía o el propio plan local. La legislación prevé
además otros planes especiales, para zonas específicas dentro de las
poligonales urbanas, por ejemplo zonas sujetas a renovación urbana, o zonas
de desarrollos informales o barrios, con los cuales se tiene una deuda
histórica de integración física, social, constructiva, vial, y de
infraestructura y equipamientos, de los cuales carecen o poseen en grado de sub
dotación respecto al reto de la ciudad, que los propios habitantes se han
proveído con su esfuerzo y ahorros propios, sin la ayuda del Estado técnica,
económica o social, a pesar de la importancia de la población residente como
fuerza de trabajo y ciudadanos con derechos.
Puede hablarse de ventajas en relación con la existencia de
Planes Locales de Desarrollo Urbano (PDUL) elaborados para casi todas la
ciudades del país, así como Planes de Ordenación Urbanística (POU) de mayor
escala o ámbito espacial, con excepción de la ciudad de Caracas, que
cuenta no obstante con el Plan Caracas Metropolitana 2020, elaborado en
2011 por la Alcaldía Metropolitana, con lineamientos estratégicos de dotación
de equipamientos e infraestructura básica, protección ambiental y
emprendimiento entre otros aspectos generales. Se cuenta igualmente con un Plan
Nacional de Ordenación Territorial vigente (PNOT, 1998) que definió en su
momento actividades líderes por ciudad. Sin embargo, este Plan se encuentra
amenazado en su aplicación, por la elaboración paralela de planes fallidos como
el de desarrollo del Eje Orinoco – Apure, o el Eje Norte – Llanero, totalmente
negados a la realidad urbanística, histórica, económica y geográfica ambiental
del país, cuya aplicación solo ha desviado recursos y atención sin resultados
posibles.
Debe incluirse también como ventaja para el país, la
reflexión acumulada acerca de la habilitación física de barrios,
concretada en el Plan del mismo nombre para las principales metrópolis del país,
elaborado a partir de la gestión Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI)
alrededor del año 2000 y posteriormente paralizado, cuyos contenidos deben ser actualizados
e integrados formalmente a todos los planes urbanos del país, sin desviar
recursos hacia “políticas de maquillaje” o simplemente desatención, como ha
venido sucediendo en los últimos años.
Ahora bien, los planes urbanos existentes deben
actualizarse, adoptando el estudio del potencial económico de la ciudad,
de las actividades generadoras de riqueza, para definir estrategias de
inversión y planificación, con base en la teoría disponible para la modelación
económica y espacial. Los planes urbanos y territoriales deben ser actualizados
bajo criterios de promoción del desarrollo y del crecimiento urbano compacto y
sostenible, ratificando el reconocimiento del sistema integrado y jerarquizado
de metrópolis. Asimismo consideramos que debe procurarse la creación de
una unidad de análisis en las instituciones de gobierno y académicas para la
creación de data sobre crecimiento metropolitano (PIB), como fuente de
información para la planificación económica urbana y la planificación
urbanística.
Es también necesario plantearse estrategias de atracción de
capitales foráneos y la reinversión de capitales nacionales en industrias y
servicios clave, así como potenciar las fuentes de recursos
tradicionales. Para la atracción de capitales privados foráneos, son
necesarias las investigaciones que permitan visualizar experiencias exitosas de
inversión y desarrollo urbano, atrayendo estos capitales a partir del
estudio del potencial económico, de los recursos naturales y humanos de
nuestras ciudades, y contando con la asociación con el sector privado
local y con la creación y apoyo a centros de investigación y
asociaciones público-privadas encargadas e investigar y fomentar estas
estrategias. Pero sobre todo, se requiere estabilidad económica general,
seguridad jurídica y legitimidad democrática de las instituciones, que son el
respaldo indispensable para la recuperación.
En relación con los ingresos propios municipales,
se tienen ventajas en la experiencia de administración municipal acumulada a
raíz de los procesos de descentralización desde los años 80, en la
disponibilidad de instrumentos de recolección de ingresos propios locales, en
las mejoras recientes en los mecanismos administrativos de cobro de impuestos
como el de Inmuebles Urbanos (IIU), y en el cobro de plusvalía urbana (caso del
Municipio Baruta en Caracas). Sin embargo, debe procurarse la
modernización de los mecanismos de auditoría financiera municipal en función de
la formulación conjunta de objetivos económicos y de desarrollo o planificación
urbana. Debe revisarse la legislación disponible para propiciar la
implementación de mecanismos novedosos, distintos a transferencias, tasas e
impuestos propios tradicionales, cuya puesta en práctica está también
íntimamente ligada al análisis económico y espacial urbano, y a los planes
urbanísticos. Igualmente deben llevarse a cabo acciones para optimizar
el uso de los instrumentos de ingresos locales vigentes e implementar otros
novedosos, especialmente los ingresos asociados al desarrollo de proyectos
inmobiliarios. Es necesario revisar las bases y el diseño de otros impuestos
como los derivados de instrumentos tributarios sobre el suelo, y mantener al
día estudios inmobiliarios ad hoc y reglamentaciones (TORRES,
2013).
Debe asimismo lograrse la integración del trabajo de
planificación económica, de planificación urbana y de planificación
económico-financiera local en cada municipio o en cada metrópoli de
municipios integrados, todo dentro de un marco de seguridad jurídica, de
mecanismos de descentralización, de restitución de los niveles de gobierno
local urbano y metropolitano, de participación ciudadana y de cooperación
subsidiaria del gobierno central.
Dada la situación crítica actual, lograr objetivos
de reconstitución urbana como los que aquí hemos sugerido, debe ser
una meta inmediata de nuestras instituciones, sin embargo, la elaboración de
instrumentos y la implementación de acciones, deben incorporar criterios que
permitan desde ahora superar este nivel básico de reconstitución, y que
posibiliten visualizar simultáneamente una imagen objetivo de mediano y
largo plazo, que integre nuestros centros urbanos a metas de crecimiento
económico, tecnológico y de competitividad, con robustas bases ontológicas,
teóricas y empíricas.
EL CASO DEL ESTADO LA GUAIRA. DOBLE SISMO DEL DÍA DE SAN
JUAN, 2026.
El día 24 de junio de 2026, día de San Juan, tuvieron lugar
dos sismos separados por pocos segundos entre sí, de 7,2 y 7,5 grados en la
escala sismológica Mw respectivamente. Este evento excepcional por su
intensidad y por su duplicidad casi simultánea, dejó huellas de devastación
gravísimas, que sin embargo pudieron ser eludidas o evitadas si se hubiesen
cumplido todas las previsiones efectivamente vigentes antes del desarrollo de
la mayoría de las edificaciones residenciales y otras devastadas.
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| La Guaira, julio 2026. Fuente EURONEWS.COM |
Adicionalmente los estudios de microzonificación sísmica,
exigida en la Norma sismorresistente COVENIN del año 2019 , realizados para buena parte de la metrópolis
caraqueña, no fueron realizados, más allá de la zonificación general de plan
realizado por la Autoridad Única de Vargas luego del deslave
catastrófico sufrido en 1999, cuyas obras hidráulicas de protección de cursos
de agua que arrastraron toneladas de material desde la montaña, nunca fueron
culminadas en su totalidad o tampoco realizadas con las especificaciones
constructivas recomendadas. . Esta zonificación general fue considerada en la
elaboración del POU realizado luego, y las zonas de riesgo fueron zonificadas como
zonas especiales con fuertes limitaciones edificatorias (Urbanista Ariana
Tarhan, 2026).
La responsabilidad de las municipalidades es la de inspeccionar
y otorgar la habitabilidad a las edificaciones construidas en sus
territorios. La de las empresas constructoras, la de cumplir con las normas
exigidas por ley y el uso de materiales de probada calidad y resistencia para
los proyectos en ejecución, procedimientos que probablemente fallaron o
estuvieron ausentes, bien por omisión, por limitaciones técnicas de las
oficinas de Ingeniería Municipal, tales como la falta de personal especializado
y recursos, o el impedimento a las inspecciones y aprobaciones impuesto por
autoridades del gobierno nacional en el caso de las obras llevadas a cabo sin
atención a la autoridad y normas locales.
Según el parte oficial de fecha 22 de julio de 2026, la
cantidad de personas fallecidas asciende a la fecha a 5.398, con 16.740
heridos, 23.335 personas en campamentos, 17.907 damnificados, 856 edificios
afectados y 190 edificios colapsados (Agencia Venezolana de Noticias
AVN. 2026).
Según
otras investigaciones preliminares, en el desarrollo de viviendas de interés
social de la Misión Vivienda, desarrolladas directamente por el gobierno
nacional, de 43 torres denominadas OPPPE, con alrededor de 27.000
residentes, 16 se desplomaron completamente con el trágico resultado de miles
de fallecimientos por el colapso. Mientras tanto, otras 27 se mantienen en pie
con graves daños estructurales (Armando . Info, 2026).
Se
han habilitado más de 79 campamentos temporales en estadios , parques y
centros deportivos así como otros levantados informalmente por la propia
población afectada. Un tercio de las escuelas de la capital Caracas han sufrido
daños en sus instalaciones, dificultando el regreso a clases en septiembre, y
según UNICEF, unas 650.0000 personas necesitaran asistencia humanitaria, entre
ellas 234.000 menores de edad (NN.UU.,
2026). El Grupo Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares
los recursos necesarios para la reconstrucción de zonas afectadas por el doble
sismo de San Juan en todo el país (BM, 2026)
LA GUAIRA Y SU PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.
La situación de atraso o falta de actualización de los planes
urbanos de diferentes escalas en las ciudades venezolanas en las últimas
dos décadas con contadas excepciones, se hace ahora una necesidad urgente y por
demás delicada para el caso de la Guaira.
La investigación sobre nuevas condiciones o normas constructivas,
dado el aprendizaje que debe darse a partir del sismo de San Juan, y el estudio
de microzonificación sísmica, son condiciones previas y necesarias para
la formulación de objetivos de desarrollo urbanístico, social y económico de la
entidad.
La elaboración de un POU, un PDUL, Ordenanzas de densidad
y usos del suelo, y otros planes y actuaciones especiales de reconstrucción
de los sectores más afectados, también debe ir acompañada del fortalecimiento
de la capacidad financiera, técnica y autoridad institucional del gobierno
local y de las oficinas de planificación e ingeniería municipales.
Propuesta de acciones de ordenamiento urbano (elaboración propia)
La localización de viviendas temporales resulta un
tema urgente y que debe ser atendido con visión de evento transitorio, que de
lugar al desarrollo de viviendas definitivas que permitan mantener el arraigo
de la población local, tomando en cuenta la cantidad de damnificados víctimas
del evento sísmico. Estas acciones deben ser coordinadas así, con la visión
futura de recomposición urbanística residencial y económica de los
sectores citadinos del estado, así como de sus principales fuentes de empleo y
recursos, como el aeropuerto y puerto internacionales, con su indudable
carácter estratégico y ventajas comparativas a nivel nacional y continental,
atractores de intercambio e inversiones internacionales.
Debe atenderse con prioridad y con seriedad la ejecución de obras
hidráulicas en previsión de nuevos fenómenos meteorológicos de lluvias
extraordinarias y deslaves como el del año 1999.
Debe también extenderse la mirada planificadora y la
ejecución de los planes hacia las zonas de vivienda informal o barrios,
los cuales, a pesar de no haber sufrido la catástrofe sísmica más que en mínimo
grado, son zonas igualmente vulnerables antes otros eventos de la misma
naturaleza, con comportamiento distinto, según su intensidad y la particular
forma de propagación de ondas, en combinación con los tipos de suelo y las
tipologías edificatorias en muchos casos precaria en estas zonas.
Los planes urbanos, deberán plantear el desarrollo armónico
de infraestructura de servicios, vialidad, transporte, actividades
residenciales, empleadoras turísticas y asociadas a los polos del puerto y el
aeropuerto internacional, y actividades
de equipamiento urbano cultural, educacional, recreativo, tecnológico (TORRES,
2023), de salud, entre otros, con normas que deben ser actualizadas y
armonizadas (TORRES,
2017), así como medidas de protección ambiental, entre ellas la gestión de
escombros, arborización urbana (TORRES, 2021),
mitigación de riesgos ambientales y vulnerabilidades, y capacidad de
respuesta resiliente ante eventos extremos climáticos y naturales
recurrentes como ya se conoce. Además, la investigación de responsabilidades penales
debe ser un punto de partida para acciones de justicia ante situaciones que
nunca debieron suceder ni deberán suceder en el futuro.
Urbanista Hilda Torres Mier y Terán. Julio, 2026
hilda.torres@ucv.ve; torresmiery@gmail.com; Instagram: htmyt2021,
